Editorial: Publicaciones del Observatorio; acumulado del trabajo regional y producto del trabajo colectivo.
Por: OTEC
Estamos convencidos que es necesario registrar, analizar y acompañar los proyectos de las comunidades que quieren tener una mayor autonomía en sus territorios. Es difícil pensar en una democracia real si esta no ofrece condiciones que permitan que las comunidades ejerzan el derecho al gobierno pr...
Estamos convencidos que es necesario registrar, analizar y acompañar los proyectos de las comunidades que quieren tener una mayor autonomía en sus territorios. Es difícil pensar en una democracia real si esta no ofrece condiciones que permitan que las comunidades ejerzan el derecho al gobierno propio. En nuestro país todavía existe la idea que ese derecho solo debe ser otorgado y con restricciones a los grupos indígenas.
Nuestra experiencia muestra que muchas comunidades rurales, étnicas o no, están trabajando por construir en sus territorios espacios de autonomía política, económica y cultural. Desafortunadamente esta no es una lucha fácil pues se está peleando contra un poder hegemónico que considera que su propio modelo de vida, su economía y su institucionalidad política son universales y además irreversibles. Estamos hablando de un sistema liberal universalista que como algunos autores señalan viene desarrollando con fuerza sus tendencias etnofágicas. Desde esa posición dominante es difícil aceptar que una comunidad rural no siempre quiera que en sus territorios se desplieguen los proyectos de desarrollo con clara lógica utilitarista. Pues, cómo se pueden negar al desarrollo si este trae riqueza, empleo y prosperidad indiscutibles? Cómo pueden preferir sus prácticas económicas si estas son claramente atrasadas y no funcionan como verdaderas empresas? Es más, desde esta visión los territorios de estas comunidades deberían ser liberados de cualquier atadura que impida lo que ha sido llamado el pleno desarrollo del país. Por eso crece la oposición a que se creen nuevos territorios colectivos de comunidades negras, a la ampliación de los Resguardos y al nuevo impulso que han tomado las zonas de reserva campesina en el país. No lo podemos negar, en Colombia estamos en medio de un conflicto territorial de grandes proporciones, atizado por el creciente aumento de los megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y de infraestructura. Lo que está en juego no es cualquier cosa, se trata de un elemento fundamental de la democracia social y cultural: el derecho de las comunidades y de los diversos colectivos a desarrollar en sus territorios su propio modelo de vida.
Es en medio de ese conflicto que el Observatorio de Territorios Étnicos, desde su rincón universitario y desde su trabajo regional, toma partido por la autonomía territorial de las comunidades rurales y pone a disposición de este proyecto sus conocimientos y experticias en estudios sociales, rurales y del desarrollo; en ecología, derecho, cartografía, comunicación social y política pública. Conocimientos todos que se transforman, se refinan y se hacen pertinentes en la medida en que están enmarcados dentro de un permanente diálogo y negociación con el conocimiento y la experiencia de las comunidades que acompaña.