La Constitución de 1991 trajo, sin lugar a dudas, grandes cambios para las instituciones y la sociedad colombiana. La transición de un Estado centralista, homogeneizante y confesional, caracterizado por configurar una serie de limitaciones para el ejercicio de las libertades ciudadanas, y por una alta concentración del poder en la rama ejecutiva, hacia un Estado Social y Democrático de Derecho, implicó una gran transformación de instituciones y de mentalidades.

 

Aspectos como la consagración de un catálogo amplio y abierto de derechos humanos y la creación de mecanismos jurídicos para su exigibilidad e instituciones públicas encargadas de su defensa y promoción, significaron un cambio trascendental frente al tratamiento dado por la Constitución de 1886 a estas garantías ciudadanas, por lo menos desde los planos constitucional y legal. De igual forma, aspectos como la ampliación de la participación democrática, la descentralización administrativa y la promesa de la flexibilización del sistema de ordenamiento territorial, causaron altas expectativas en los sectores sociales que tradicionalmente habían estado marginados del debate político y democrático nacional.

Es importante resaltar que uno de los primeros cambios que implicó el proceso constituyente fue la apertura democrática que permitió la inclusión de fuerzas políticas diferentes de las tradicionales. El país, acostumbrado a la monotonía bipartidista que había marcado la pauta de la representación política desde los inicios de la vida republicana, se sorprendió al reconocer como representantes de la ciudadanía colombiana a miembros de las fuerzas políticas de izquierda, representantes de los pueblos indígenas y líderes del mundo académico y social. La diversidad, que es una de las características más significativas de la Constitución de 1991, fue resultado de la misma participación del proceso constituyente.

Hoy, veinte años después de la expedición de la Constitución de 1991, desde diferentes escenarios se han venido realizando procesos que tienen por objetivo evaluar los impactos que esta ‘no tan nueva’ norma fundamental ha tenido en la sociedad colombiana. Si bien se puede afirmar que la Constitución de 1991 ha dejado muchas ‘promesas incumplidas’, también es posible decir que hoy ‘las cosas están mejor’ que bajo la vigencia de la Constitución de 1886.

Las cosas están mejor porque los ciudadanos cuentan con un compendio de normas en el cual pueden identificar los derechos de los cuales son titulares, las obligaciones del Estado para garantizar los mismos y los mecanismos para exigirlos. Sin embargo, hay promesas incumplidas porque hoy, a pesar de lo ordenado por la Constitución de 1991, la garantía universal y de calidad de derechos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo es todavía una meta lejana. Y lo es, en buena medida, porque el modelo económico, también adoptado por la misma Constitución, favorece la idea de que estos bienes sociales pueden tener una repartición equitativa a través de los mercados.

Las cosas también están mejor porque antes de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo procesos de paz que propiciaron la desmovilización de actores y grupos que participaban en el conflicto armado. Sin embargo, hay promesas incumplidas porque hoy, veinte años después, las posibilidades de que se produzca un pacto de paz que incluya a aquellos sectores que resultaron marginados del proceso constituyente son mínimas, y porque el conflicto armado se ha intensificado en contra de la población civil. El derecho a la paz continúa siendo una utopía.

Y las cosas están mejor porque hay instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo que han contribuido a consolidar una cultura de protección de los derechos humanos y de primacía de las normas constitucionales. A pesar de todo lo que falta en atención, ¿qué habría sucedido con las víctimas de desplazamiento forzado sin las sentencias de la Corte, basadas en la Carta de 1991?Sin embargo, hay promesas incumplidas porque a excepción de la acción de tutela y de otras acciones constitucionales, la administración de justicia, en su conjunto, no ha logrado transitar hacia la aplicación de una justicia imparcial y eficaz que atienda las necesidades de la población más vulnerable.

También, hay promesas incumplidas para los casi cinco millones de desplazados que hay en Colombia, para quienes la situación de garantía de sus derechos fundamentales aún se considera como un Estado de cosas inconstitucional. Según el gobierno, para ellos la situación va a estar mejor cuando entre en ejecución la política de atención a víctimas y de restitución de tierras…Hay argumentos de peso para sostener una duda razonable frente a esta afirmación.

Las cosas están mejor porque las comunidades indígenas y afrocolombianas tienen mayor claridad sobre los derechos territoriales y de gobierno propio que la Constitución les otorgó. No sobra recordar que gracias a las disposiciones constitucionales se logró el reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de más de cinco millones de hectáreas de los territorios de las comunidades negras que se encuentran en la región del Pacífico. Pero también hay numerosas promesas incumplidas porque muchas otras comunidades negras e indígenas aún siguen en la espera del reconocimiento de sus derechos territoriales, y porque las presiones del mercado y comerciales sumadas a la incursión y a la presencia de actores armados sobre sus territorios, aún en los titulados, limita, y en algunas oportunidades hace imposible, el ejercicio material de los derechos y de la autonomía territorial.

De esta forma, el balance de la Constitución de 1991 tiene luces y sombras. Si bien se pueden identificar avances significativos, también es posible encontrar situaciones y espacios físicos en los cuales el Estado Social y Democrático de Derecho aún no ha hecho presencia.

En términos generales debemos afirmar que esta Constitución, más que ser un reflejo de la realidad de la sociedad colombiana, continúa siendo un proyecto que todavía está en proceso de construcción. En esta actualización de la página web del Observatorio de Territorios Étnicos, encontrarán insumos y reflexiones que profundizan sobre esta reflexión en los temas de participación ciudadana, ordenamiento territorial y garantía de derechos territoriales y de autonomía territorial para las comunidades afrocolombianas. Estos análisis nos permitirán continuar reflexionando sobre cómo marchan las cosas después de veinte años de la Constitución de 1991.