“Pagar la deuda histórica con las víctimas de la violencia y resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y padecido la violencia”, fueron las palabras y el compromiso hecho por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de octubre de 2010 en el foro de tierras convocado por la Revista Semana, el Ministerio de Agricultura y la Organización Internacional para las Migraciones.

En efecto, el monumental despojo de tierras, del que han sido víctimas campesinos, indígenas y afro colombianos no tiene antecedentes en la historia reciente de Colombia, ni de América. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada realizó la Tercera Encuesta Nacional y después de entrevistar a mas de 10.000 familias desplazadas, encontró que el tamaño del abandono de tierras llegó a la increíble cifra de los 6.6 millones de hectáreas, y dentro de estas, no están incluidas las tierras que los actores armados y sus cómplices le han quitado a las comunidades afro descendientes e indígenas. La cantidad de tierras de las que fueron privadas las víctimas es mucho mayor que la tierra sembrada actualmente en agricultura, que tiene apenas unos 4.5 millones de hectáreas.

Ante este hecho, el gobierno nacional se ha planteado como meta, la restitución de 2 millones de hectáreas a la población rural afectada, sin que se conozca con mayor claridad los criterios que va a emplear para hacerlo, las zonas o regiones, y menos aún si va implementar el enfoque étnico territorial que han exigido las comunidades indígenas y negras, tanto como la Corte Constitucional, para la protección de sus territorios.

Esta cruda realidad colocó el tema de la restitución de tierras en uno de los primeros lugares de la agenda política del país. Por esta razón, el Gobierno Nacional presentó ante el Senado de la República (en septiembre de 2010), un proyecto de Ley de tierras que tendrá que superar los obstáculos anunciados por varios senadores de los partidos Conservador y de la U.

Mientras la ley de víctimas, que integró el tema de tierras, se discute y aprueba en el congreso, el Gobierno Nacional ha expresado su voluntad política comprometiéndose a realizar un ambicioso plan de choque, que inició a fines del segundo semestre de 2010 y termina en el mes de abril del presente año. El plan de choque consiste en la restitución de tierras, titulación de baldíos de la nación, formalización de la propiedad, creación de varios resguardos indígenas, y la adjudicación de títulos colectivos a las comunidades negras.

Este plan es un buen propósito político y un inmenso reto para el gobierno, quien debe hacer todo lo posible para cumplirlo. No obstante la discusión que ha suscitado en todos los sectores del país y los avances logrados hasta hoy, aún necesita de muchos hervores, pues requiere abordar otros aspectos muy sensibles: incluir los aportes y exigencias que han hechos las comunidades negras, campesinas e indígenas y algunos sectores académicos, entorno al tema, aspectos que todavía no se toman en cuenta o no están suficientemente considerados.

Entre otros aspectos que ameritan una mayor claridad, discusión, y que deben ser atendidos, son los siguientes:

• En primer lugar, el país necesita una reparación integral a las víctimas de la violencia. A nuestro juicio, la restitución de tierras es apenas un eslabón de la gruesa cadena de la reparación integral a las víctimas de la violencia y no se debe limitar a la entrega del predio despojado. El Estado se debe emplear a fondo para ampliar el ámbito de la restitución, de tal suerte que contemple además, la construcción y dotación de otros bienes públicos en las regiones: Salud, Educación, Infraestructura vial, de comunicaciones y escolar, así como asistencia técnica a las diferentes actividades productivas de los despojados, capital de trabajo y mercados justos.
• En segundo lugar, se requiere la restitución colectiva para todos los habitantes rurales del país. La restitución de tierras no debe ser sólo individual, debe incluir un enfoque colectivo, regional y local del campesinado, también debe contemplar la restitución de las tierras colectivas de las comunidades negras e indígenas que les fueron arrebatadas a sangre y fuego. Lo anterior, buscando mayores efectos colectivos y comunitarios, teniendo muy presente enfoques diferenciales según edad-menores, género-mujer y étnico-territoriales, que tales situaciones van a ameritar.
• En tercer lugar, el Estado debe garantizar la no repetición del despojo. Debe existir una garantía de no repetición de tal despojo y el respeto al derecho a la vida de todos los campesinos, indígenas y negros, a quienes se les han vulnerado sus derechos fundamentales —dentro de ellos el derecho a las tierras que les fueron arrebatadas—, y que vienen participando y organizándose para reclamarlos.
• En cuarto lugar, el conflicto armado interno, persiste y adquiere nuevas formas y expresiones. En este sentido, es claro para toda la sociedad que el conflicto armado interno en Colombia aún no se ha resuelto, al contrario los actores armados se mantienen, algunos de ellos asumen nuevos nombres dando continuidad a las disputas territoriales, el control de poblaciones, el despojo de la tierra y, lo más grave, asesinando a las víctimas que se atreven a reclamarlas. A este respecto, el Ministro del Interior reconoció hace poco que las denominadas “bandas criminales” (“Bacrim”) tienen presencia y amenazan la seguridad del país, poniendo como ejemplo la delicado situación de los 60 municipios más vulnerables.
• En quinto lugar, el Estado debe garantizar los recursos económicos que la reparación integral a las víctimas y la restitución requieren. Deben prever en las leyes, presupuestos y reformas tributarias, que actualmente se contemplan, de tal manera que la situación fiscal del país no se convierta en la excusa para no implementar estos planes y cumplir las metas que el gobierno se ha trazado.
• En sexto lugar, el Estado debe garantizar la autonomía de las comunidades. Este es un aspecto central, y tiene que ver con el compromiso del Estado para respetar la autonomía de las comunidades y sus organizaciones, creando condiciones para que se fortalezcan y participen de todo el proceso de restitución; como componente de la reparación y buscando que se implemente de modo integral. La restitución debe marchar de la mano de procesos de estabilización económica, hasta ahora fracasados, por la precariedad de retornos y reubicaciones de la población desplazada.

A la par de los aspectos antes enunciados, aun quedan algunos interrogantes que el Estado, los sectores políticos, gremiales, académicos y sociales deben ayudar a responder, entre otros, destacamos los siguientes:

• ¿La prioridad política que la reparación a las víctimas de la violencia y la restitución de tierras ha tenido, se reflejará con toda claridad y contundencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014?
• ¿El gobierno garantiza que la discusión y aprobación final de la Ley de Tierras en el Senado de la república no va a ser desvirtuada y conservará sus propósitos y aspectos esenciales?
• ¿Los recursos económicos y el esfuerzo fiscal del país están debidamente contemplados en las Leyes y reformas tributarias que se están tramitando y contemplando?