En 2016 el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron el Acuerdo Final que busca atender y superar los factores que originaron el conflicto armado en el país. Entre los puntos pactados se contempló; el diseño del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como instrumento institucional para la construcción de la paz estable y duradera.
El SIVJRNR combina instancias judiciales y no judiciales que buscan promover la superación del extenso periodo de violencia que ha vivido el país y que, infortunadamente, persiste hasta hoy. Alcanzar la verdad, reparar a las víctimas, sancionar a los victimarios, proponer mecanismos de reconciliación y adelantar esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, son parte de las tareas que desarrolla el Sistema. Cada una de estas acciones está dirigida por un enfoque restaurativo que pone en el centro a las víctimas, tanto individuales como colectivas.
El Sistema Integral se encuentra compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instancia de juzgamiento penal; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), instancia de carácter administrativo que busca esclarecer los hechos sin implicaciones legales, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), de carácter extrajudicial y humanitaria que busca atender la desaparición forzada como fenómeno sistemático del conflicto armado colombiano.
Cada una de estas instancias goza de independencia en su accionar y de tiempos diferenciados en su mandato. Por ejemplo, la JEP tiene un período de quince años prorrogables; el período de la CEV recientemente se extendió a su cuarto y último año, y la UBP, tiene un periodo de veinte años prorrogables. Además, cada una de las instituciones del SIVJRNR contempla mecanismos de participación de las victimas en el avance de los procesos.
Para el caso de la JEP, hasta marzo de 2022 se recibirán informes de las organizaciones de víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom; así como de todas las víctimas del conflicto armado, relativos a las conductas cometidas por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.
Una vez recibidos los informes, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad inicia su estudio y, a partir de ellos, puede, por ejemplo: sustentar sus decisiones de priorización y de apertura de nuevos casos o ser el respaldo para el avance de los casos existentes en la JEP. A partir de ellos, la Jurisdicción también podrá determinar cómo serán reparadas las víctimas y qué tipo de sanción recibirán los comparecientes. Si bien la presentación de informes de violaciones a los derechos humanos por parte de las victimas de comunidades étnicas constituye un mecanismo de participación inédito para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, se advierten grandes retos para la participación efectiva de las comunidades étnicas víctimas del conflicto en la JEP.
Las comunidades negras particularmente han sufrido afectaciones profundas y permanentes por el conflicto armado, producto de un abandono estatal deliberado y sistemático, que hoy entendemos, en muchos casos, al servicio de los intereses productivos y económicos detrás de los territorios ancestrales. En este sentido, el desafío más grande para la participación de las víctimas afrocolombianas en la JEP del Caribe, mediante la presentación de informe entregado a la JEP el 26 de noviembre de 2021, están relacionados con la dificultad que enfrentan las comunidades para reconstruir y documentar las afectaciones en tiempo, modo y lugar, en medio de la vigencia de intereses sobre sus territorios, y en no pocos casos, la persistencia de la violencia y de pocas garantías de no repetición.
En la elaboración del informe, pudimos constatar que, en muchas ocasiones, las vivencias y daños producidos en el conflicto armado no habían sido anteriormente documentadas, entre otras cosas, porque los actores armados y la misma institucionalidad han destruido deliberadamente registros y documentos que facilitarían esta labor.
Así, el levantamiento de información se torna en un gran reto para la participación de las victimas afrocolombianas, más aún si se tiene en cuenta que después de la firma del Acuerdo diversos actores armados empezaron a hacer presencia y ejercer control de los territorios rurales, por lo que las condiciones de seguridad han empeorado en los territorios. En pocas palabras, para que la participación de la gente negra en la Jurisdicción especial de Paz sea completa y real, es necesario superar la dificultad de acceso y levantamiento de información para los entes judiciales.
Fue este contexto y con el firme propósito de contribuir a superar la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la población afrocaribe y sus territorios que, a principios del 2021, se concretó la alianza entre la Red de Consejos Comunitarios del Caribe (Redecom), el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) y la Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES), con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF), para documentar violaciones a los derechos humanos en catorce consejos comunitarios del Caribe colombiano en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.
En pleno confinamiento por el Covid-19, conformamos un equipo diverso y con presencia local, compuesto por seis investigadoras y un investigador ubicadas en Barranquilla, Cartagena y Valledupar; desde Bogotá y sus alrededores, se unió el equipo de investigación interdisciplinar del OTEC, compuesto por cinco investigadores e investigadoras, una practicante de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, y el director del proyecto. Desde Cartagena nos acompañó la coordinadora de Codhes en el Caribe. Este equipo de investigación contó con la asesoría de un grupo de docentes de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la PUJ.
Como parte del compromiso de estas organizaciones de acompañar y fortalecer a las comunidades negras del Caribe Colombiano, la elaboración del informe fue la mejor excusa para abordar un proceso formativo dirigido a principalmente a jóvenes, mujeres y líderes de 15 Consejos Comunitarios. El desarrollo de los contenidos y reflexiones que se abordaron en este proceso se plasmó en una publicación a la que se puede acceder en el enlace https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=2166.
Este proceso estuvo orientado a ofrecer herramientas de investigación para la generación de información en el marco de procesos de exigibilidad de derechos territoriales, particularmente para la documentación de hechos y afectaciones por conflicto armado en el marco de la JEP, pero también de valiosa aplicación para futuros procesos frente a las instituciones públicas, privadas y actividades propias de las comunidades. Más allá de la elaboración del informe mismo, este proceso formativo fue uno de los mayores desafíos que asumió el proyecto, no solo por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, sino porque durante su implementación nos enfrentamos a un mundo caribeño más complejo, con miedo generalizado de tener contacto con otras personas, pero urgencia de retomar las actividades cotidianas; costos del transporte intermunicipal por las nubes; el rápido avance de megaproyectos que no se detuvieron por el Covid 19 y la presencia de grupos armados ilegales, que se hace cada vez más evidente y preocupante, como se le manifestó a la Unidad de Investigaciones de la JEP y a la Sala de Reconocimiento.
Este proceso formativo demandó enormes cantidades de creatividad para el diseño virtual/presencial y la transmisión de los contenidos. Gracias al equipo de investigadoras en terreno, que con mucho compromiso y gran responsabilidad impartieron los cinco módulos, 126 personas fueron certificadas al finalizar el proceso, al tiempo que se establecieron las bases para el proceso de documentación de hechos y daños del informe.
En paralelo se iba cocinando el informe, partiendo de la comprensión de que la memoria de las comunidades negras se resguarda a través de la oralidad, por lo que la reconstrucción de las afectaciones del conflicto pasa necesariamente por escuchar las vivencias y los testimonios de las personas que se vieron involucradas. Por esto, la construcción del informe no solo requirió de muchas jornadas en terreno, diálogos con sus líderes, largas disertaciones del equipo y, particularmente, mucho temple para volver a pasar por el corazón, tanto de los miembros de los consejos y como del equipo de investigación, las atrocidades del conflicto. Muchas veces debimos detenernos y recordar el sentido de lo que estábamos haciendo, pensar que estábamos contribuyendo a superar la impunidad de los crímenes de los que han sido y siguen siendo victimas las comunidades negras del Caribe… Y continuar.
La finalidad del informe, y su espina dorsal, es proponerle a la JEP un enfoque de afectaciones producidas por el conflicto en los 14 consejos comunitarios desde la perspectiva de los ecosistemas existentes en sus territorios tradicionales y actuales. Desde esta aproximación al conflicto, el informe trata de explicar cómo fueron afectados las comunidades y sus territorios, contribuyendo a entender los intereses y motivos de la guerra contra las comunidades afrocaribes, a partir de las transformaciones territoriales y la degradación de sus ecosistemas. El informe así, parte de una premisa muy simple que, a veces, perdemos de vista: el conflicto armado en Colombia ha tenido motivaciones arraigadas a las riquezas sobre los territorios de las comunidades. En el caso de los ecosistemas en las que habitan los consejos comunitarios participantes, es evidente la relación entre intereses sobre los ecosistemas, resistencias comunitarias y conflicto armado.
El informe producido, dada la sensible información que contiene, es de carácter confidencial; fue entregado en ceremonia privada a la JEP el pasado 26 de noviembre por autoridades de los Consejos Comunitarios y Redecom. No deja de ser extraño trabajar en un documento con tanto rigor sabiendo que su contenido no será publicado ni difundido; por el contrario, pocas personas - honorables magistrados de la sala de reconocimiento y otras instancias de la JEP- accederán a él; sin embargo, estamos convencidos de que este informe, más que un punto de llegada, constituye un punto de partida que será muy importante para las comunidades negras del Caribe en sus procesos organizativos y en la lucha por la superación de la impunidad. A continuación, se presenta de manera muy general los hallazgos de cada ecorregión.
Hallazgos en la ecorregión Canal del Dique/Montes de María
Debido al potencial agrícola y a la calidad de los suelos, la región ha sido foco de interés para el desarrollo de proyectos agroindustriales y de ganadería basados en gran medida en modelos extensivos de tenencia de la tierra (Ojeda et al., 2015). Modelos que, como ha sido documentado, se han valido del acaparamiento y el despojo de la tierra y los recursos. Asimismo, la conexión con el mar Caribe, particularmente en el Golfo de Morrosquillo, hizo de esta una región apta para el tráfico de armas y droga. Por esta razón había intereses por el dominio y el control de las rutas del narcotráfico, lo que implica también el control sobre las poblaciones relacionadas con estos sectores de paso.
En la región también se desarrollan otras actividades económicas como la explotación de petróleo, madera (caucho, teca y tagua), cultivos de banano y minería de piedra caliza. En muchos casos, las comunidades se vieron obligadas a participar con trabajo en el desarrollo de estas.
En cuanto al canal del Dique, fue un afluente que se vio resignificado de manera violenta, pues era uno de los lugares en los que los paramilitares arrojaban cuerpos. Otras zonas de uso común fueron centro de bombardeos y combates por parte de grupos armados, afectando las dinámicas de uso de los recursos naturales, como la cacería, el acceso a plantas medicinales del bosque o los caminos de herradura que llevaban a zonas de cultivo. La desterritorialización producida por los actores del conflicto armado y particulares ha producido un grave quiebre en la relación territorio comunidades, que se espera pueda ser considerada por la JEP.
A partir del ejercicio de recolección de información en seis Consejos Comunitarios de esta región se identificaron sesenta y cuatro hechos perpetrados por los diferentes actores involucrados: armados y civiles, que incluyeron ciento cincuenta y nueve violaciones de los derechos humanos de las comunidades que habitan en estos territorios. En la gráfica 1 se presenta estas violaciones.
Figura 1. Violaciones a derechos humanos documentadas en los seis Consejos Comunitarios de la ecorregión Montes de María-Canal del Dique
Hallazgos en la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta
La Ciénaga Grande de Santa Marta es un sistema hídrico alimentado por el río Magdalena en una llanura que limita al oriente con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y compone un complejo de ecosistemas de estuarios, humedales, bosques de manglar, bosques húmedos, bosques secos y llanuras aluviales (Bernal, 2016). En la ecorregión se encuentra la subregión de la Zona Bananera del Magdalena, la cual comprende una división político-administrativa mucho más acotada que abarca los municipios de Zona Bananera, Ciénaga, Aracataca, El Retén y Pueblo Viejo (Valencia y Martínez, 2018, 5). En esta área se trabajó con un consejo comunitario.
Este territorio cuenta con una ubicación estratégica por al menos dos motivos: primero, su riqueza hídrica y de los suelos, que desde finales del siglo XIX ha llamado la atención de inversionistas, generalmente extranjeros. Allí ha habido grandes plantaciones de cacao, tabaco y banano de exportación, que persiste hasta hoy en día, así como palma de aceite; luego, su ubicación cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta y su cercanía con el mar la configuraron como una ruta de contrabando y más delante de narcotráfico. En él han coexistido hasta hoy en día los intereses de actores armados y no armados sobre la tierra y el control de economías legales e ilegales.
El territorio ha contado con la presencia de distintos actores armados: grupos de autodefensa que se enfocaron en defender las rutas de contrabando y de narcotráfico durante la época de la bonanza marimbera. Entre ellos se encuentran las autodefensas del Palmor, las de Hernán Giraldo y los Meriño. Varios de estos grupos se unieron cuando llegaron los hombres de los Castaño a la región, otros disputaron el poder con las AUC, pero finalmente fueron absorbidos por el grupo en la década del 2000.
Existen evidencias del acaparamiento hídrico que se manifiestan en el desvío de caños, la deviación del río Sevilla y la concesión de la mayor parte del agua de la cuenca a actividades agropecuarias. Además, el río Sevilla se volvió un lugar en el que tiraban los cuerpos de las personas asesinadas con el fin de desaparecerlas.
La recolección de información en un Consejo Comunitario ubicado en esta región dio como resultado la identificación de trece hechos victimizantes representativos, perpetrados por diferentes actores durante el conflicto armado, en los que estuvieron involucradas cincuenta y cuatro violaciones a los derechos humanos de la comunidad, descritas en la gráfica 2. El bajo reconocimiento de los territorios tradicionales por parte del Estado y las duras consecuencias (y vigencia) del conflicto armado sobre las comunidades negras, constituye uno de los desafios más importantes para superar la impunidad a través de mecanismos de transición como la JEP.
Figura 2. Violaciones a derechos humanos documentadas en el Consejo Comunitario de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta
Hallazgos en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá
Históricamente, el control territorial de la región ha sido disputado por actores armados y no armados que han buscado hacerse a las rentas de economías legales e ilegales. Este fenómeno influyó considerablemente en las dinámicas del conflicto armado y en las lógicas de acción de los grupos armados. No obstante, el informe logró identificar de manera diferenciada los factores e intereses de cada uno de los grupos armados y no armados.
La acción de los grupos armados en la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá tuvo varias temporalidades, de acuerdo con la información disponible y el proceso de documentación. La acción de las Farc se concentró entre 1980 y 2003, con grandes picos en los años noventa. Durante este periodo se dio la incursión de los grupos paramilitares, lo que ocasionó una escalada en la violencia entre 1990 y 2003; la presencia del bloque Norte se daría hasta los primeros meses de 2006.
Con la salida de los paramilitares las Farc retomaron acciones concretas como el ataque a la infraestructura y el control de las rutas de contrabando y narcotráfico. Vale mencionar que la presencia efectiva de las Fuerza Pública en la zona ha sido intermitente; sin embargo, se intensificó desde la primera década del siglo XXI, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).
La agrupación ecorregional propuesta entre el departamento del Cesar y el sur de La Guajira responde a las características ecosistémicas comunes y a las dinámicas similares vividas durante el conflicto armado. El trabajo desarrollado con cuatro Consejos Comunitarios del Cesar y tres del sur de La Guajira permitió identificar setenta y cuatro hechos victimizantes, en los que se cometieron ciento cincuenta y nueve graves violaciones a los derechos humanos, descritas en la gráfica 3.
Esta documentación dejó en evidencia el confinamiento y el desplazamiento forzado como forma de perdida territorial, y las duras condiciones de humillación y control sufridas por las comunidades negras por parte, primero de las farc, y luego con desatrozos impactos sobre el sujeto colectivo, por parte de las AUC. Todo esto con una profunda falla de protección del Estado, no solo por omisión, sino, en muchos casos, con claras complicidades con intereses económicos locales y un quiebre profundo de la democracia y la legitimidad de las instituciones públicas.
Figura 3. Violaciones a los derechos humanos documentadas en los seis Consejos Comunitarios de la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía del Perijá
