En Colombia la cobertura de bosques es de aproximadamente 59.321.000 hectáreas[2], lo que representa el 52% del territorio nacional[3]. Y si se observa con detenimiento la historia del país, resulta paradójico que estos continúen existiendo, pese a las intensas propuestas y a los procesos de civilización y desarrollo, adelantados por la sociedad y los gobiernos colombianos desde la época de la independencia hasta nuestros días. Tal vez, la ‘civilización’ – como puede caracterizarse al proceso de dominación de los seres humanos sobre los espacios naturales ̶ sólo transformó radicalmente algunas regiones de Colombia. La mayor parte de la cobertura boscosa se encuentra ubicada en las tierras bajas, que aún cuentan con grandes extensiones de bosque natural. Además, en diversas regiones del país se hallan otras áreas de bosques plantados. Puede resultar sorprendente, pero es un hecho que en la época actual de las “locomotoras del crecimiento”, los bosques siguen allí.

Gran parte de la riqueza natural de Colombia está representada en los bosques naturales y las áreas de especial importancia ecológica que tiene el país, desplegados a lo largo del territorio, desde la alta Guajira, hasta el trapecio amazónico de norte a sur y a lo ancho desde el cinturón de la costa pacífica por el costado occidental, hasta la franja que va desde Norte de Santander al departamento de Guainía por el costado oriental.

Uno de los contenidos del derecho fundamental al territorio, del cual son titulares los grupos étnicos, consiste en contar con la autonomía para administrar y gestionar los recursos naturales que se encuentran presentes en sus territorios y sobre los cuales no exista una reserva de propiedad por parte de la nación[1]. Esta posibilidad implica que la propiedad y la administración de recursos como bosques, fuentes de agua, biodiversidad, entre otros, se encuentra en cabeza de las organizaciones comunitarias y son bienes que, en principio, deben encontrarse excluidos del mercado, sin que esto signifique que no sea posible usarlos, disfrutarlos y aprovecharlos. De hecho, es claro que en la mayoría de los territorios colectivos, gran parte del sustento económico proviene del aprovechamiento de los recursos naturales. En este caso, la generación de alianzas para la explotación forestal permitiría que las comunidades firmaran contratos a través de los cuales recibieran ganancias económicas, lo que, en teoría, les permitiría mejorar sus condiciones de vida.

¿A usted lector, le dicen algo los siguientes términos?

REDD, bonos de carbono, mecanismos de compensación por emisiones. Si usted consulta asiduamente las revistas ambientales o está en la “movida” ecológica del país, seguramente entienda de lo que se trata.

Cuando usamos el concepto de biodiversidad no sólo nos referimos a los recursos naturales que nos rodean, también aludimos a diferentes perspectivas de su uso, a la ubicación que ocupan dentro de un territorio y a los valores que una comunidad les atribuye. Algunas veces estos valores son conocidos como valores de uso (o valores naturales que tiene un objeto cuando satisface algunas necesidades) ya que de una u otra manera rigen la economía de una comunidad.

No hace mucho tiempo, ni medio siglo atrás, las tierras del Chocó eran consideradas territorios baldíos. De lejos, en el centro del país, y para algunas élites de la región, aquel verde se consideraba una reserva para extraer materias primas, entre estas, maderas finas de más 50 tipos de árboles, que salían como trozas por sus ríos hacia las aserradoras o revendedoras de madera en las principales ciudades de Colombia.

Una reflexión desde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sobre el conflicto social, político y militar en Colombia. Encuentro Nacional de Campesinos, Afrodescendientes e Indígenas por la tierra y la paz: El diálogo es la ruta. Barrancabermeja, agosto 12-14, 2011