Asistir a la Asambleas Generales de los Consejos Comunitarios que acompaña el Observatorio, es aproximarse a la construcción de un espacio de autonomía étnica que, en muchos casos, representan un lugar de cohesión, debate y alteridad a los escenarios convencionales de toma de decisiones.

Las Asambleas de los Consejos Comunitarios:

Construir el futuro y defender el presente.

Asistir a la Asambleas Generales de los Consejos Comunitarios que acompaña el Observatorio, es aproximarse a la construcción de un espacio de autonomía étnica que, en muchos casos, representan un lugar de cohesión, debate y alteridad a los escenarios convencionales de toma de decisiones.

En teoría y de acuerdo a la legislación actual, la asamblea es la máxima autoridad del territorio de los Consejos Comunitarios y tiene la facultad de elegir la Junta y acordar o aprobar formas de manejo y gobierno. No obstante, este ideal de autonomía y de realización de derechos colectivos en algunos lugares del país por parte de los Consejos Comunitarios ha sido instrumentalizado y cooptado por intereses distintos a la protección del territorio para las comunidades negras. Afortunadamente existen experiencias que animan la esperanza del ejercicio efectivo de la autonomía, que ha sido reivindicada durante décadas por los movimientos de afrodescendientes y otros sectores sociales del país

En el mes de diciembre de 2010, el Observatorio de Territorios Étnicos estuvo presente en tres asambleas de Consejos Comunitarios: en el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN en Tadó, departamento del Chocó, el Consejo Comunitario de Santo Madero en Paraíso y el Consejo Comunitario Eladio Ariza de San Cristóbal, estos últimos en los municipios de San Jacinto y María la Baja en el departamento de Bolívar. Por supuesto, entre el Pacífico y el Caribe hay grandes diferencia en los procesos organizativos en torno a las reivindicaciones étnicas, políticas y territoriales.

En el Pacífico, escenario de mayor reconocimiento de estas formas organizativas, Asocasan, es sin duda un referente para pensar la autonomía en un contexto de situaciones adversas, desde la vigencia del conflicto armado hasta las diferentes formas de la extracción minera con retroexcavadoras, presencia de frentes guerrilleros y nuevas formas de paramilitarismo. Sin duda, hay muchos aspectos por mejorar, tanto de la concientización de todas las personas que habitan el territorio, como en la participación activa de las más de 25 comunidades que habitan esa cuenca.

En el Caribe, y más exactamente en esta dos comunidades de las estribaciones de los Montes de María, los Consejos Comunitarios son una forma de autoridad reciente y una práctica de poder y liderazgo nueva, aún en disputa con otras instancias internas. No obstante, los discursos recientes de la etnización en los Montes de María y la situación de desplazamiento forzado, confinamiento y pérdida del territorio por los cultivos de palma en la represa de Matuya – municipio de María la Baja, lugar tradicional de estas comunidades, han cohesionado a los pobladores de esta zona a una práctica abierta y decidida por recuperar y defender el manejo de los territorios ancestrales.

Las Asambleas discutieron los resultados de todo un año en el que través de múltiples acciones y momentos coyunturales trabajaron por una participación en la construcción de su bienestar. Desde lo político el objetivo fue sumar voluntades sin perder la identidad para hacer parte de movimientos sociales más amplios del país.

Hace diecisiete años, con la entrada en vigencia de la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras, se abrió una posibilidad para hacer parte activa del Estado pluriétnico. Sin embargo hoy estos espacios no son sólo de construcción, de planeación política, sino de búsqueda urgente de estrategias por la supervivencia y la defensa de los territorios.

Organizarse en medio de la guerra, la pobreza y el racismo estructural es todo un reto que necesita de gran preparación colectiva e individual. La concreción de estos espacios para grupos excluidos y empobrecidos así como la consecución de recursos financieros, logísticos y humanos es difícil. Muchas son las gestiones, sinergias y acuerdos para que las decisiones del colectivo sean conocidas, y luego para garantizar el diálogo con las instancias gubernamentales.

El colectivo reunido discute para llegar a objetivos comunes y las diferencias al interior de las comunidades son mediadas por múltiples factores y formas de organización interna local. Las asambleas anuales son un punto de encuentro para el fortalecimiento de la democracia participativa desde las propias dinámicas comunitarias, en un país multiétnico y pluricultural como el nuestro. Sin embargo el ejercicio de la apropiación de las leyes, de la exigibilidad de los derechos requiere de diálogos, concertaciones y negociaciones que implican tensiones permanentes en diferentes escenarios políticos externos; lo que ha requerido una nueva disposición para conformar redes de acción y discusión con otros grupos excluidos.

En este aspecto, las recientes circulares de octubre y noviembre de 2010 del Ministerio del Interior sobre los períodos de elección de Juntas de los Consejos Comunitarios, no han contribuido a dar claridades sobre la extensión de sus periodos, y en algunos casos agudizando conflictos internos, desconociendo las dinámicas propias y el derecho consuetudinario como fuentes de autonomía. Más allá de los formalismos jurídicos, las asambleas deben regirse por tiempos y pautas culturales propias, como lo reconoce la ley de comunidades negras o ley 70 de 1993.

La defensa de los territorios ancestrales de las comunidades negras constituye el eje central del activismo de estas organizaciones, y en segundo plano la concepción de construcción de autonomía y etnodesarrollo. Esto es así por la amenaza latente del conflicto, el desplazamiento forzado y el despojo territorial; en un contexto de ausencia de políticas del gobierno coherentes con la región y casi siempre orientadas a la promoción de mono cultivos como la palma aceitera, la extracción de recursos minerales, y mega proyectos portuarios y viales emprendidos sin consultar, ni incluir a los pobladores ancestrales del territorio.

Es allí donde las asambleas reconocen a las autoridades propias de los Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales, legitimando los procesos organizativos, y garantizando la participación activa de las comunidades en la construcción de propuestas y soluciones a las problemáticas, como sujetos capaces de concebir su propio desarrollo.