Editorial: Pensar críticamente la diversidad y la Afrodescendencia en clave de territorios
Por: OTEC
El 19 de marzo de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el año 2011 como el año internacional de los Afrodescendientes, lo que incluye
“fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescend...
El 19 de marzo de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el año 2011 como el año internacional de los Afrodescendientes, lo que incluye
“fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura”.
De acuerdo con ese organismo aproximadamente doscientos millones de personas que se identifican a sí mismas como de ascendencia africana viven en las Américas. En Colombia, el último censo plantea que el 10,6% de los colombianos se identifican como negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Y pese al debate sobre la confiabilidad de los datos étnicos del censo del DANE, esta entidad afirma que los departamentos con un mayor porcentaje de población afro, concentrada principalmente en los centros urbanos, son Valle del Cauca, San Andrés y Providencia, Bolívar y Cauca. Cabe afirmar que es un hecho que la gente negra está presente en todo el territorio nacional.
En estas regiones, la instrumentalización del conflicto armado ha favorecido la emergencia y la agudización de viejas disputas por la tierra, por los recursos ambientales y por el control o expulsión de los habitantes rurales. Es claro que estas poblaciones padecen una situación de particular vulnerabilidad, en la medida en que persisten prácticas de discriminación racial y complejas afectaciones a los derechos territoriales.
Si bien el Observatorio se dedica particularmente a los temas relacionados con los territorios tradicionales de comunidades negras, para esta semana de la afrocolombianidad, queremos llamar la atención sobre las categorías con las que comúnmente nos referimos para hablar de lo negro, de la diversidad y del territorio, pues son nociones problemáticas usadas desde los discursos jurídicos, institucionales, académicos y comunitarios.
Estas nociones están en el corazón de los procesos de reconocimiento constitucional de 1991, que asumió dentro de sus banderas fundamentales la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Bajo esta idea, es posible distinguir en ciertos artículos de la Carta Política una matriz multicultural que orientó el reconocimiento de la diversidad de pueblos, etnias y culturas existentes en el territorio nacional, promovió su integración en el proceso constituyente y definió herramientas jurídicas en su favor, como la consagración de derechos especiales en función del grupo étnico. Así, la fundamentación política de los derechos especiales reconocidos a la población negra en Colombia encuentra sus orígenes en posiciones multiculturales y liberales, que apuntan a la integración de sectores poblacionales dispersos (por diferentes motivos) en el proceso de construcción política y social del Estado colombiano.
Sin lugar a dudas, el desarrollo legislativo y administrativo que han tenido los postulados constitucionales de protección y promoción de la diversidad étnica y multicultural, han transformado, por lo menos sobre el papel, la situación de alguna gente negra en Colombia. Estas políticas, que han materializado los principios constitucionales del multiculturalismo y de la diversidad étnica, generaron un marco institucional para que la gente negra pudiera titular de forma colectiva las tierras que han ocupado ancestralmente, puedan acceder por medio de programas de cuotas a cupos en instituciones educativas y cuenten con una circunscripción electoral especial, entre otras garantías.
A pesar de que se pueden resaltar estos logros, que deben ser tenidos en cuenta como parte de la celebración del mes de la afrocolombianidad, también es necesario identificar cuáles son las limitaciones en la ejecución de las políticas públicas orientadas a atender las necesidades y a realizar los derechos de la gente negra. Estas limitaciones se originan, entre otros aspectos, por la consagración normativa de los conceptos de lo negro en Colombia. Estas definiciones tienden a reducir la compleja identidad de lo negro en Colombia y generan barreras para la aplicación de los derechos, fundados en nociones que apuntan resaltar los rasgos esenciales, como el color de la piel, y a situar estos rasgos físicos en el ámbito de una cultura que corresponda a la de la gente negra. Así, las definiciones legales o normativas no suelen ajustarse con las realidades que se viven en los territorios.
La experiencia en campo del Observatorio de Territorios Étnicos
En las regiones de Norte del Cauca, Montes de María y Canal del Dique en Bolívar (Caribe) y en el Alto San Juan (Chocó), la categoría de lo negro no puede ser tratada como un continuo homogéneo e imperturbable. Mucho menos la noción de afrocolombianidad que, en algunas zonas rurales habitadas por gente negra, se desconoce su significado.
Por ejemplo, en los Montes de María, donde son más recientes los procesos de etnización en los términos de la Ley 70 de 1993, el concepto de comunidad negra que tiene dicha ley no recoge los particularidades de ese lugar, las formas organizativas, ni los términos en que tradicionalmente se han construido y transformado las identidades colectivas. Similar es el caso de San Basilio de Palenque, donde se ha producido una forma particular de parecer palenquero motivada por los discursos académicos que han documentado e historiado este lugar.
Esta situación también se puede observar en términos territoriales. La ley 70 de 1993 tuvo el propósito de proteger los derechos de las ‘comunidades negras como grupo étnico’, sin embargo el problema de disputa por los territorios no es exclusivo de la cuenca del Pacífico. Así, la gente negra de otras regiones del país ha tenido que ajustar sus discursos y prácticas al formato legal, para poder acceder al derecho de titulación colectiva de sus territorios ancestrales.
De igual forma, se han generado efectos concretos en las formas organizativas y en la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, en las dos últimas décadas se ha dado un “boom” de organizaciones de base e instancias de representación, en los términos jurídicos que exige la Ley 70 de 1993 (consejos comunitarios de comunidades negras, consultivas regionales, consultivas nacionales) que han sido funcionales para solicitar la reivindicación de los derechos territoriales, entre otros. Así, los procedimientos para acceder a la titularidad colectiva exigen que exista una clara correspondencia entre las definiciones dadas por los marcos legales sobre comunidad negra y territorio tradicional, y las prácticas tradicionales de producción. Las comunidades han accedido a esta forma de organización, pues se presenta como única estrategia para lograr seguridad jurídica en los lugares que habitan. En ese sentido, las políticas estatales moldean y dan forma, a las estrategias de organización y de lucha, privilegiando o promoviendo unas formas de acción política sobre otras.
No obstante, hay múltiples diferencias en cada región y lugar, en la medida en que las historias de poblamiento, las regiones que habitan, las formas organizativas y políticas, y las experiencias migratorias, dan cuenta de la necesidad de repensar lo negro como espacio de cohesión o de nominación para referirse a muchas experiencias, múltiples lugares y trayectorias. En este sentido, el trabajo del OTE permite conocer la multiplicidad de formas de vivir el territorio, ser comunidad, organizarse y pensarse a sí mismo, dando lugar a múltiples identificaciones, que no se reducen a las de ‘comunidad negra’ ni a las de ‘afrocolombiano’, ni a ninguna otra, pues son múltiples. En esa dirección, muchas organizaciones y académicos vienen revisando sus formas de pensar y decir, y han incorporado formas más inclusivas de referirse a estas poblaciones.
Es importante analizar críticamente el trabajo actual sobre la defensa de lugares y comunidades llamadas comúnmente étnicas, pues si bien, en términos políticos el Observatorio está de acuerdo y apoya las luchas en torno a la recuperación de la tierra, vemos una enorme dificultad en apelar a categorías raciales y étnicas que se instrumentalizan para ser compatibles con el discurso multicultural. De tal manera que, pensar sobre raza, no sólo debe servir para evidenciar el racismo y sus múltiples prácticas, sino para entender cómo operan estos enfoques en las supuestas políticas de discriminación positiva o de acciones afirmativas, tan actuales o de moda en Colombia.
Si bien, la ley 70 de 1993 ha generado logros importantes en su aplicación, una evaluación de sus limitaciones permite observar que es necesario que supere las estructuras rígidas de denominación de lo étnico, para que se convierta en una herramienta idónea frente a las demandas de pobladores negros que no han logrado el reconocimiento ni la titularidad de los derechos que allí se encuentran consagrados. Si las políticas públicas continúan insistiendo en este tipo de correspondencia entre pertenencia étnica, forma organizativa y derechos, se profundizará en una clara tendencia racista y esencialista de entender lo negro, que se centra en el color de la piel, que no permite el reconocimiento de las identidades negras emergentes –como las identidades afrourbanas–, que no es capaz de comprender lo negro más allá de los límites de la cuenca del Pacífico, y que no da cuenta de la importancia del autoreconocimiento en la conformación de las subjetividades.
Desde el Observatorio comprendemos esta celebración de la afrocolombianidad como una posibilidad de plantear este tipo de miradas críticas, que resultan necesarias para comprender los sustentos políticos desde los cuales se originan las políticas que orientan la acción del Estado y de las instituciones públicas, y para observar los vacíos, dificultades y contradicciones que estas mismas presentan cuando se aplican en los consejos comunitarios y organizaciones que acompañamos. El debate crítico permite la reorientación de las políticas públicas y su adaptación para responder a los nuevos desafíos que las identidades afrocolombianas representan. Los afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, “libres” que no han participado en la construcción y en el fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural de este país después de dieciocho años de vigencia de la Ley 70 y veinte de la Constitución de 1991, , reclaman este tipo de reorientaciones.
Referencia
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, “Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica”. Disponible en línea: https://www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/grupos_etnicos.pdf.
Restrepo, Eduardo (2004). Ethnicization of blackness in Colombia: Toward de-racializing theoretical and political imagination. Cultural Studies 18 (5): 689-715.