Desde que comenzó sus actividades, el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos ha hecho una apuesta por la defensa de los territorios, por lo que las amenazas a los mismos han sido el centro de nuestro trabajo de seguimiento, investigación e intervención. En este último editorial de 2012 queremos reflexionar sobre las múltiples afectaciones al territorio, sus habitantes y ecosistemas, fruto de diversas formas y prácticas de desconocimiento.

Nuestra propuesta parte de una visión integradora de los vínculos entre la población y el territorio, lo que la Corte Constitucional de Colombia llamó el carácter inescindible entre grupos humanos y hábitat. Los casos que acompañamos nos muestran situaciones que fluctúan entre la invisibilidad total de las comunidades, el desconocimiento de las opciones de vida de las poblaciones campesinas, hasta la falsa inclusión de grupos étnicos en nuevos proyectos de desarrollo asociada a la manipulación de la consulta previa, cuando se hace. En el primer nivel hemos constatado al menos cinco casos en dos regiones estudiadas por nosotros. En el Ministerio del Interior se volvió criterio mayoritario la negación de la existencia de comunidades, en este caso afrodescendientes, en el área de interés de proyectos mineros, lo que se da, por ejemplo, mediante la no inclusión en el registro único de consejos comunitarios a su cargo, registro al que de por sí es muy difícil inscribirse, o por lo que es más grave aún, como resultado de visitas “técnicas” que niegan la presencia de comunidades tradicionales en tales áreas de interés. Lo cual no deja de evocar las prácticas coloniales que incluso llegaron a llamar desierto a territorios históricamente habitados.

Uno de los efectos de esta invisibilidad es la autorización de proyectos con enormes impactos sociales y ecológicos para los habitantes de los territorios. Un caso emblemático, recogido en este boletín, es el del corregimiento y consejo comunitario La Toma, en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, que estuvo ad portas de un desalojo violento en 2011, desalojo por la fuerza que pudo derivar en una masacre ante la resistencia decidida de una comunidad ignorada.

Otros casos menos difundidos de desconocimiento se dieron en 2011 en los consejos comunitarios de Santo Madero y Eladio Ariza, en San Jacinto, Bolívar. En pleno corazón de los montes de María empresas de sísmica, que prestan servicios a Ecopetrol y a otras mineras, argumentaron la inexistencia de comunidades negras en esa región con el fin de evadir la consulta previa. El problema de fondo es la manera en que el estado le da validez a estas “certificaciones” arbitrarias, que están haciendo carrera.

Después de la insistencia prolongada de las organizaciones afro de la zona rural de Cartagena, este año el Ministerio del Interior y la empresa Equion reconocieron al fin que las tierras de bajamar y las ciénagas afectadas con la exploración de dicha empresa constituían un territorio tradicional de los afrodescendientes y que la consulta previa era obligatoria.

Otra forma de desconocimiento es la que considera que, por no ser grupo étnico, una comunidad campesina no tiene derecho a ser consultada sobre sus opciones de vida. El caso de la región del Sugamuxi, examinado en este boletín, muestra las dificultades que enfrentan las comunidades campesinas para defender sus territorios tradicionales de los impactos sociales y ecológicos de la exploración de hidrocarburos. Parece ser que en la lógica multiculturalista del estado colombiano apenas es posible tolerar las reivindicaciones de las “minorías” étnicas en contra del desarrollo, pero no las de doce millones de campesinos.

Como fruto de nuestro trabajo de acompañamiento, este boletín incluye dos reflexiones sobre el debate naciente acerca del papel de las organizaciones campesinas de Montes de María, en el marco de la iniciativa de espacios habilitados por el gobierno nacional denominada mesas de interlocución, en las que las organizaciones sociales de base campesina buscan la resignificación del papel político del proyecto campesino en una región histórica de las luchas agrarias en Colombia.

Hasta este punto tenemos claro que desde el estado mismo y partes de la sociedad se siguen desconociendo las gentes, sus opciones de vida y su capacidad de decisión. Ahora, en el campo técnico-político vemos que esto va ligado al desconocimiento al derecho a la información. Por ello incluimos un artículo que muestra lo laberíntico y enmarañado que resulta el acceso a la información de solicitudes y títulos otorgados para la explotación de minerales e hidrocarburos.

En otra escala del desconocimiento leemos la actual coyuntura de diálogos de paz entre el gobierno nacional y las Farc-Ep. Con la ilusión de la paz se refuerza el deseo generalizado de una sociedad capaz de potenciar su capacidad de desarrollo sin los obstáculos de la guerra, para alcanzar por fin la “armonía” social y política. Sin embargo, asistimos a un proceso creciente de intensificación de los conflictos territoriales, sin precedentes en nuestra historia republicana, que se evidencia en grandes proyectos agroindustriales y minero-energéticos en buena parte del territorio nacional, que no incluyen, desde una perspectiva democrática, la voluntad de las comunidades rurales afectadas. ¿Para eso buscamos la paz? ¿Acaso se trata de liberar todos los obstáculos de acceso a vastos territorios apartados en la geografía nacional y controlados por la insurgencia? Lo que predecimos es un escenario de paz bajo una altísima conflictividad social ligada a la disputa por el control de espacios, grupos sociales y recursos.


¿El costo de la paz va a ser la vulneración de la autonomía de las organizaciones socioterritoriales? Pese a esta duda, nos aferramos a la posibilidad de resistencia y de agencia política de las organizaciones, que en un eventual escenario de paz podrían desplegar su capacidad movilizadora, fuera del estigma de la infiltración guerrillera y de la represión militar estatal. Se trata finalmente de no desconocer las trampas de la paz.

Finalmente, otro texto del boletín trata el debate sobre los significados de la noción de víctima y sus efectos políticos. Las consecuencias políticas de categorizar a las víctimas como “pobres víctimas”, “oportunistas”, “culpables” o simplemente como inexistentes son mayores, y esta comprensión obliga a tener claridad sobre los obstáculos en la actual coyuntura de reparación, restitución y proceso de paz.

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Al cierre de este boletín nos enteramos de la trágica muerte de Hidalgo Manjarrez, profesor de la escuela de Badillo, en zona rural de Valledupar, líder defensor de las sabanas y playones que alguna vez fueron comunales. El Observatorio, que tuvo la fortuna de conocerlo en su larga lucha por constituir el consejo comunitario y el territorio colectivo, lamenta su partida y con una nota deja constancia de su legado para la defensa de los territorios afrocolombianos.