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Ante el asesinato de los líderes y lideresas sociales solidaridad incondicional y rechazo al nuevo genocidio

Autor: Gabriel J. Tobón Quintero || Publicado en Diciembre 08 de 2019

Gráfica alusiva a Ante el asesinato de los líderes y lideresas sociales solidaridad incondicional y rechazo al nuevo genocidio
Región:Nacional |

Como ya es de amplio conocimiento, el Acuerdo de paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo) en el emblemático teatro Colón de Bogotá, se encuentra tres años después en un alto grado de incertidumbre y unos precarios porcentajes de cumplimiento, particularmente en dos aspectos: la implementación de la reforma rural integral y el derecho de las víctimas de la violencia a la reparación, la verdad, la justicia y la no repetición, ambos puntos centrales de los acuerdos.

Una parte de la explicación a la incertidumbre y la escasa implementación del Acuerdo, se encuentra en el cambio de contexto político que se dio en el país a raíz del triunfo del No en la consulta popular del 2 de octubre de 2016 y las elecciones presidenciales de 2018, cuyos resultados permitieron que ganara el representante de las fuerzas políticas que se opusieron al Acuerdo, apoyado, además paradójicamente, por los partidos políticos que lo defendieron a ultranza. Los primeros, prometieron volver trizas el Acuerdo, y los segundos han continuado en la defensa del mismo.

El cambio político producido incide con fuerza en el manejo de los hilos del poder, en el cambio de la orientación y recomposición de la institucionalidad pública y en las estrategias que las fuerzas políticas opuestas al Acuerdo de paz han adelantado para impedir que sus puntos centrales se cumplan. En esa dirección, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el desprestigio a las altas cortes (Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado), la falta de garantías a la protección de las víctimas de la violencia, la lentitud en cumplir las condiciones mínimas necesarias para la reincorporación social, política y económica de los excombatientes, la parálisis en los procesos de restitución de tierras a las víctimas despojadas, la falta de financiación a los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) para los primeros ciento setenta municipios priorizados por el Acuerdo y a los programas nacionales de la reforma rural integral, son unas cuantas muestras que evidencian las formas sutiles con las cuales, en la práctica, están haciendo realidad su consigna de “hacer trizas” el Acuerdo.

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Fotografía tomada de: Nodalam.com