Región:Nacional |

Haciendo memoria, a comienzos del siglo XX, fueron pocos los primeros afrocolombianos en acceder a los espacios políticos institucionales. Por eso se recuerdan con orgullo y nostalgia en la “Cátedra de Estudios Afrocolombianos”[1] nombres como Manuel Mosquera Garcés que fue presidente del Senado; la presencia de Isaac Robles en el Congreso y Adán Arriaga Andrade que ha sido considerado como el padre del derecho laboral colombiano, entre otros. Sin embargo, pese a la preparación de estos hombres, la presencia de afros en las arenas de la política colombiana no trajo consigo el surgimiento de nuevas reivindicaciones políticas, sino la asimilación a los proyectos liberales o conservadores. Su participación estaba mediada por los partidos políticos y se veía restringida para representar de manera visible los intereses de las comunidades negras.

La lucha por el reconocimiento tuvo otros matices en los espacios políticos regionales, hábilmente resignificados por políticos afros locales, que a pesar de la presencia de los partidos tradicionales, entraron al juego partidista con rostros cercanos y discursos aterrizados en la realidad regional. En estas contiendas surgieron personas como Sofonías Yacub, cuyo logro político en 1906, fue el reconocimiento del territorio chocoano bajo la figura político-administrativa de intendencia; Diego Luis Córdoba, primer senador del Chocó que logró que dicho territorio se reconociera en 1947 como departamento; y en el Cauca se recuerda el nombre de Nathanael Díaz que, entre 1940 y 1969, con su discurso étnico llevó a cabo valiosas exigencias al Estado. Estas personas trascendieron regionalmente pero nunca consiguieron consolidar un proyecto propio de participación autónoma para la visibilidad política de los afros en el país.

En la segunda mitad del siglo XX, se iniciaron procesos y formas organizativas que dieron origen a movimientos regionales y nacionales, generados desde el interior de las comunidades, que posteriormente fueron protagonistas en la legalización de territorios étnicos y en la inclusión de afros e indígenas en la Constitución Política de Colombia (1991): Cimarrón liderado por Juan de Dios Mosquera, Movimiento Multicolor en cabeza de Juan Zapata Olivella, organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) nacida en la década de los ochenta, se convirtieron en organizaciones étnicoterritoriales luego del reconocimiento de derechos territoriales de los afrodescendientes a partir de 1991, hoy Consejo Comunitario de la Asociación Campesina del Medio Atrato, y el Proceso de Comunidades Negras.

Con la proclamación de Colombia como un país pluriétnico y multicultural en la nueva Constitución, los derechos de las comunidades negras se reglamentaron. La Ley 70 de 1993 se convirtió en el instrumento más importante para la lucha contra la discriminación racial, el reconocimiento de la desigualdad y el proceso de construcción de su identidad política. Los afros lograron así un espacio para dos delegados en la Cámara de representantes de Colombia, que serían elegidos por circunscripción especial.

Una de las particularidades de este logro fue la creciente conformación de organizaciones a lo largo y ancho de Colombia, quizás como un despertar de la identidad afro, de sus procesos organizativos, y del incremento de la participación electoral en las listas para la Cámara de Representantes. En las elecciones de 2000 llegaron a inscribirse para la Cámara de Representantes más de 130 listas de minorías negras[2], que bien podría interpretarse como signos de una mayor participación, y a la vez, como el reflejo de una fragmentación entre los afrodescendientes. Para las elecciones de 2010, se presentaron 67 listas, y un panorama de múltiples intereses colectivos e individuales, dispersos en un sinnúmero de nombres de partidos y movimientos emergentes, que no redundaba en una unidad capaz de significar los intereses del gran colectivo.

La representación política en manos de terceros

Con el Decreto 300 de 2010, mediante el cual se fija el número de Representantes a la Cámara que se elegirán por circunscripción territorial, circunscripción especial y circunscripción internacional, se establece la posibilidad de elegir un representante por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor a 182.000 (por encima de los primeros 365.000), para asegurar la participación de los grupos étnicos y las minorías políticas en esta instancia. Sin embargo, el espacio político que generó este decreto se ha visto limitado para las comunidades, por la presencia de candidatos con nexos con grupos económicos, de narcotráfico, o de élites politiqueras[3], cuya participación en el escenario político fue inicialmente en el seno de los partidos políticos tradicionales y de otras colectividades en entredicho por sus vinculaciones con paramilitares o grupos mafiosos (como el Partido de Integración Nacional). Situación que convirtió a la Circunscripción Especial para Negritudes, en un juego electoral con profundas raíces en el clientelismo político bipartidista.

Esta realidad ha afectado directamente la participación de grupos afro con origen comunitario que han querido acceder a dichos espacios políticos, de acuerdo con el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ha constituido un quiebre en relación con las formas tradicionales de poder, que se han desarrollado tradicionalmente en las comunidades. La nueva herencia electoral ha sido un camino corto para lograr estatus político, mientras que la unidad del movimiento afro se ha visto resquebrajada por la dispersión de los representantes políticos afro y los votantes en un mar de listas electorales conformadas en su mayoría por partidos tradicionales o sus divisiones.

El contraste de los últimos procesos electorales señala una tendencia marcada y creciente. Por ejemplo, para dos curules en la Cámara de Representantes, se presentaron veintidós listas en 2002, veintisiete en 2006, y sesenta y siete en 2010. De acuerdo con la Registraduría Nacional[4] en el 2010 hubo 391.180 votos en total, de los cuales sólo entre 16 mil y 17 mil son efectivos para elegir un congresista.

Es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué es este un efecto negativo del sistema político? Y a la luz de lo expuesto hasta ahora emerge también una respuesta contundente: porque una mayor cantidad de listas no significa necesariamente una mayor participación y legitimidad de los intereses de los afrodescendientes. Esta multiplicidad de candidaturas, y por tanto mayor dispersión de votos que se obtienen en muchas listas, se han “desperdiciados” pues el resultado siempre ha sido el mismo: dos escaños en la Cámara por circunscripción especial afro[5]. Surge entonces otra pregunta: ¿es posible articular la enorme cantidad de movimientos y organizaciones, en un número más reducido, en la circunscripción ordinaria, para multiplicar las posibilidades de representación y legitimidad de los intereses afro en el Congreso de la República?