El 11 de agosto pasado se celebró en la región de montes de María (ver mapa abajo), el Foro regional campesino, en el que participaron cerca de quinientos campesinos y campesinas.
El encuentro generó numerosas expectativas, sobre todo por la perspectiva crítica, la fuerza política y la claridad propositiva de las ponencias presentadas por los campesinos agrupados en las organizaciones de población desplazada (OPD) de montes de María. Esta parte del evento fue la más rica, en la medida en que se expuso, primero, un diagnóstico complejo y completo de la situación de la sociedad campesina montemariana, que se ha visto muy afectada por las políticas neoliberales para el agro, el conflicto armado, el desplazamiento, el despojo, la concentración de la tierra y el avance de los monocultivos agroindustriales. Región que, a la vez, se ha visto favorecida por una sociedad campesina con gran experiencia organizativa y política y que, aun hoy, se mantiene en resistencia y con proyectos propios, pese a las enormes dificultades que enfrenta desde hace varias décadas.
Posteriormente asistimos al aporte original y representativo de una segunda ponencia de las organizaciones campesinas, que enunciaba con claridad las propuestas de las organizaciones en materia de desarrollo campesino para la región.
Las organizaciones campesinas se vieron representadas, en la primera ponencia, por dos jóvenes líderes (mujer y hombre), quienes mostraron una gran capacidad expositiva y argumentativa que impactó al auditorio de mayoría campesina. La ponencia se basó en una investigación sobre las condiciones de la economía campesina montemariana, estudio aun en proceso que tiene el gran mérito de estar siendo realizado en su mayoría por los campesinos organizados.
De la segunda ponencia, a cargo de un reconocido líder campesino regional, es importante destacar el análisis de los impactos negativos del modelo agroexportador, basado en grandes monocultivos, sobre la producción de alimentos y, en concreto, sobre la seguridad y la autonomía alimentaria.
Se planteó también la necesidad urgente de limitar la expansión de los monocultivos, expansión hecha a costa de una economía campesina que ha demostrado su sostenibilidad como forma de producción mediante su estabilidad en el tiempo, su relación amigable con el medio ambiente, su carácter democrático y autónomo, y su aporte al bienestar general de la familia rural y de las poblaciones que residen en las ciudades. En ese sentido se consideró fundamental también establecer las zonas de reserva campesina en montes de María como la figura territorial que puede darle oportunidades de estabilidad y autonomía a la sociedad y a la economía campesina regional.
Se propuso así mismo solicitar al Incoder que utilice con propósitos de reforma agraria los baldíos existentes y las tierras incautadas que están en poder de la dirección de estupefacientes; y que adopte una política de entrega de tierras a campesinos mediante la compra directa, para que ellos no tengan que pasar por las convocatorias engorrosas, burocratizadas e ineficientes conocidas ya claramente.
En cuanto a la política pública para la economía campesina, se mencionó la importancia de que los campesinos disfruten de la infraestructura creada para el llamado desarrollo rural, en particular de los distritos de riego, que cada vez son más empresariales y menos campesinos; así mismo, que los jóvenes tengan acceso a nuevas tecnologías adecuadas a la especificidad campesina, y que dentro de una reforma agraria integral se considere especialmente a los tenedores de tierras, grandes olvidados en la reciente ley de víctimas.
Amin_aguirre_de_la_CDS_invita_a_los_comentarios.jpgFiinalmente, a las entidades estatales del orden nacional se les solicitó la creación de condiciones de interlocución permanente entre el estado, por medio del Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los campesinos, afros e indígenas, y los empresarios y terratenientes, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para resolver mediante el diálogo los problemas y conflictos que se deriven de las nuevas zonas de reserva campesina, de territorios colectivos y resguardos.
Los campesinos, afrodescendientes e indígenas esperan que en este espacio, denominado también mesa de tierras regional, se puedan expresar las diversas voluntades políticas que contribuyan propositivamente a resolver los problemas sociales, culturales, ambientales y productivos que enfrentan los pobladores de los montes de María.
En representación del gobierno nacional, el Incoder debe liderar la mesa de tierras, con el propósito de garantizar el desarrollo de las políticas agrarias que viene definiendo el Ministerio, de manera especial, en relación con la declaratoria de las zonas de reserva campesina, la dinamización y el apoyo a la economía campesina y al proceso de restitución de tierras en la región.
En la mesa deben estar representados todos los actores sociales e institucionales, públicos y privados, campesinos, afrodescendientes e indígenas, los empresarios, las autoridades locales y departamentales, y las entidades regionales. Además, conviene que cuente con el acompañamiento de la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos, universidades de la región, y de los organismos de control con delegados de la procuraduría agraria y la Defensoría del Pueblo.
Debe tener una estructura orgánica que permita su funcionamiento ágil, como lo demanda la urgencia de tratar y transformar las problemáticas identificadas en el foro; por tanto, el número de participantes no debería entorpecer su accionar y, a la vez, deberá poder identificar los cuellos de botella que están impidiendo el desarrollo de los procesos iniciados hace algunos años. A continuación se presentan algunos de los ya establecidos, así como propuestas para solucionarlos.
Uno de ellos es el avance, hasta ahora incontenible, de la agroindustria de la palma aceitera, los cultivos forestales y la ganadería, una realidad cuya expansión debe evitar la mesa, por cuanto constituye una amenaza para las comunidades campesinas y sus formas, métodos y prácticas de organización y producción. Las autoridades agrarias deberán limitar entonces el uso del suelo en la región montemariana, defendiendo el interés y la conveniencia pública, ecológica y social, para que la economía campesina no siga siendo desplazada por este tipo de agricultura.
El segundo cuello de botella es la dinamización del proceso de declaratoria de las zonas de reserva campesina acordado en la audiencia pública de diciembre de 2011, materia en la que el Incoder debe despejar de una vez las dudas o impedimentos que ha mostrado hasta el presente, casi nueve meses después. En este caso, la declaratoria no se ha hecho efectiva, por cuanto se sabe que ella sola no basta, sino que debe garantizarse el plan de desarrollo sostenible, así como los recursos humanos, técnicos y financieros que necesita.
El tercer cuello de botella está representado por el proceso de restitución de tierras de los campesinos despojados de ellas por distintos agentes, medios y mecanismos, algunos de ellos aparentemente legales, pero que se hicieron en un contexto de violencia, constreñimiento o sutil amenaza o aprovechándose de las condiciones de pobreza y miedo en las que estaban numerosos campesinos.
Otro cuello de botella, no el menos importante y que podría considerarse transversal, es la seguridad para las comunidades y sus representantes, en lo cual las autoridades están en la obligación ética y moral de impedir la repetición de los execrables hechos de violencia política de las últimas décadas, es decir de impedir las masacres, los asesinatos selectivos, el despojo y el destierro de los pobres de la región.
Las organizaciones campesinas se vieron representadas, en la primera ponencia, por dos jóvenes líderes (mujer y hombre), quienes mostraron una gran capacidad expositiva y argumentativa que impactó al auditorio de mayoría campesina. La ponencia se basó en una investigación sobre las condiciones de la economía campesina montemariana, estudio aun en proceso que tiene el gran mérito de estar siendo realizado en su mayoría por los campesinos organizados.
De la segunda ponencia, a cargo de un reconocido líder campesino regional, es importante destacar el análisis de los impactos negativos del modelo agroexportador, basado en grandes monocultivos, sobre la producción de alimentos y, en concreto, sobre la seguridad y la autonomía alimentaria.
Se planteó también la necesidad urgente de limitar la expansión de los monocultivos, expansión hecha a costa de una economía campesina que ha demostrado su sostenibilidad como forma de producción mediante su estabilidad en el tiempo, su relación amigable con el medio ambiente, su carácter democrático y autónomo, y su aporte al bienestar general de la familia rural y de las poblaciones que residen en las ciudades. En ese sentido se consideró fundamental también establecer las zonas de reserva campesina en montes de María como la figura territorial que puede darle oportunidades de estabilidad y autonomía a la sociedad y a la economía campesina regional.
Se propuso así mismo solicitar al Incoder que utilice con propósitos de reforma agraria los baldíos existentes y las tierras incautadas que están en poder de la dirección de estupefacientes; y que adopte una política de entrega de tierras a campesinos mediante la compra directa, para que ellos no tengan que pasar por las convocatorias engorrosas, burocratizadas e ineficientes conocidas ya claramente.
En cuanto a la política pública para la economía campesina, se mencionó la importancia de que los campesinos disfruten de la infraestructura creada para el llamado desarrollo rural, en particular de los distritos de riego, que cada vez son más empresariales y menos campesinos; así mismo, que los jóvenes tengan acceso a nuevas tecnologías adecuadas a la especificidad campesina, y que dentro de una reforma agraria integral se considere especialmente a los tenedores de tierras, grandes olvidados en la reciente ley de víctimas.
Amin_aguirre_de_la_CDS_invita_a_los_comentarios.jpgFiinalmente, a las entidades estatales del orden nacional se les solicitó la creación de condiciones de interlocución permanente entre el estado, por medio del Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los campesinos, afros e indígenas, y los empresarios y terratenientes, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para resolver mediante el diálogo los problemas y conflictos que se deriven de las nuevas zonas de reserva campesina, de territorios colectivos y resguardos.
Los campesinos, afrodescendientes e indígenas esperan que en este espacio, denominado también mesa de tierras regional, se puedan expresar las diversas voluntades políticas que contribuyan propositivamente a resolver los problemas sociales, culturales, ambientales y productivos que enfrentan los pobladores de los montes de María.
En representación del gobierno nacional, el Incoder debe liderar la mesa de tierras, con el propósito de garantizar el desarrollo de las políticas agrarias que viene definiendo el Ministerio, de manera especial, en relación con la declaratoria de las zonas de reserva campesina, la dinamización y el apoyo a la economía campesina y al proceso de restitución de tierras en la región.
En la mesa deben estar representados todos los actores sociales e institucionales, públicos y privados, campesinos, afrodescendientes e indígenas, los empresarios, las autoridades locales y departamentales, y las entidades regionales. Además, conviene que cuente con el acompañamiento de la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos, universidades de la región, y de los organismos de control con delegados de la procuraduría agraria y la Defensoría del Pueblo.
Debe tener una estructura orgánica que permita su funcionamiento ágil, como lo demanda la urgencia de tratar y transformar las problemáticas identificadas en el foro; por tanto, el número de participantes no debería entorpecer su accionar y, a la vez, deberá poder identificar los cuellos de botella que están impidiendo el desarrollo de los procesos iniciados hace algunos años. A continuación se presentan algunos de los ya establecidos, así como propuestas para solucionarlos.
Uno de ellos es el avance, hasta ahora incontenible, de la agroindustria de la palma aceitera, los cultivos forestales y la ganadería, una realidad cuya expansión debe evitar la mesa, por cuanto constituye una amenaza para las comunidades campesinas y sus formas, métodos y prácticas de organización y producción. Las autoridades agrarias deberán limitar entonces el uso del suelo en la región montemariana, defendiendo el interés y la conveniencia pública, ecológica y social, para que la economía campesina no siga siendo desplazada por este tipo de agricultura.
El segundo cuello de botella es la dinamización del proceso de declaratoria de las zonas de reserva campesina acordado en la audiencia pública de diciembre de 2011, materia en la que el Incoder debe despejar de una vez las dudas o impedimentos que ha mostrado hasta el presente, casi nueve meses después. En este caso, la declaratoria no se ha hecho efectiva, por cuanto se sabe que ella sola no basta, sino que debe garantizarse el plan de desarrollo sostenible, así como los recursos humanos, técnicos y financieros que necesita.
El tercer cuello de botella está representado por el proceso de restitución de tierras de los campesinos despojados de ellas por distintos agentes, medios y mecanismos, algunos de ellos aparentemente legales, pero que se hicieron en un contexto de violencia, constreñimiento o sutil amenaza o aprovechándose de las condiciones de pobreza y miedo en las que estaban numerosos campesinos.
Otro cuello de botella, no el menos importante y que podría considerarse transversal, es la seguridad para las comunidades y sus representantes, en lo cual las autoridades están en la obligación ética y moral de impedir la repetición de los execrables hechos de violencia política de las últimas décadas, es decir de impedir las masacres, los asesinatos selectivos, el despojo y el destierro de los pobres de la región.