Región:Caribe |
La estrechez en la garantía de derechos que han adoptado las políticas y los programas de titulación, constitución, saneamiento y formalización de territorios colectivos para los grupos étnicos se ha convertido en uno de los principales desafíos y obstáculos que las comunidades indígenas y negras han tenido que enfrentar en los últimos años. Además de la inexistencia de políticas robustas que garanticen el ejercicio de la autonomía territorial, los programas de dotación de tierras , cuya finalidad última es adelantar procesos de titulación colectiva, se han convertido en una amenaza para la pervivencia de las comunidades negras en su territorio ancestral, pues dichos programas les titulan tierras distantes con las que no tienen ningún tipo de vínculo ni relación. Este tipo de prácticas institucionales se ha vuelto recurrente en departamentos como el Magdalena.
Sin duda, este tipo de programas tienen la particularidad de responder a una lógica de sujetos rurales, sin tener en cuenta el carácter colectivo de los grupos étnicos y la relación constitutiva que tienen con el territorio. En efecto, dichos vínculos trascienden a una relación meramente económica, pues son parte esencial de la cosmovisión y de la memoria colectiva (Echeverri, 2004), que enmarca y determina, entre otras cosas, el ser y estar en el mundo de las comunidades a partir de las representaciones simbólicas y materiales que ejercen en el espacio (Osorio, 2009); (Guerrero, 2017).
Los procesos de construcción de identidades territoriales permiten y generan la organización y estructuración social, el surgimiento de normas y negociaciones a escala territorial, que conciben el futuro compartido y la construcción de un proyecto común al interior del territorio ubicado por el sujeto o los sujetos con identidades específicas y construidas (Sosa, 2012: 24).
En ese sentido, es evidente cómo la modificación y transformación del territorio repercute directamente en la identidad del sujeto colectivo, tanto en sus prácticas y tradiciones como en la estructura política que tienen los procesos organizativos (Estrada, 1997) como lo son consejos comunitarios. Es importante mencionar que si bien esta figura de gobierno étnico del territorio es producto de la ley 70 de 1993 y del decreto 1745 de 1995, ha logrado convertirse en una forma robusta de autoridad y en una institucionalidad que tiene un grado alto de representación en las comunidades negras.
--
Para leer el artículo completo, descargar el archivo adjunto