Región:Caribe |
Nosotros y nosotras, más de 150 personas de 12 países de América Latina y del Caribe, hemos llegado a Cartagena para participar en el Foro de la Tierra 2012 que tenía por lema “Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra”. Representamos a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de mujeres rurales; así como organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, organismos intergubernamentales e instituciones públicas, incluyendo a los miembros de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC). Nuestro objetivo común es crear un espacio de reflexión sobre los graves problemas que enfrenta el mundo rural de América Latina y el Caribe, en general, y de Colombia en particular. El reconocimiento y comprensión de estas dificultades nos permite mirar hacia el futuro e identificar los caminos de construcción de alternativas y transformaciones de estos problemas.
<p>Realizamos un amplio recorrido por temas de gran relevancia para la comprensión de los problemas agrarios y rurales. Hemos valorado tanto los conocimientos académicos y científicos, como aquellos construidos en la experiencia de las organizaciones campesinas y sociales. Después de una intensa jornada de trabajo, identificamos los siguientes puntos, sobre los cuales llamamos la atención de los gobiernos, las instituciones internacionales y la sociedad civil de nuestros países. 1. La tierra y los territorios, hoy más que nunca, continúan siendo un tema central y la experiencia colombiana es prueba de ello. La construcción de sociedades más justas, sostenibles y democráticas, requiere de formas de acceso a la tierra con estas mismas características. Los gobiernos y sociedades de nuestra región requieren reconocer lo que históricamente no ha sido reconocido, y por lo tanto negado para los más pobres y los/as excluidos/as: el derecho a la tierra y el territorio. En este contexto, apoyamos el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina en la región de los Montes de María, en el caribe colombiano, como una figura que facilitará el acceso y control de los campesinos sobre la tierra, y que además permitirá proteger y defender sus territorios. 2. Los procesos de construcción de las políticas públicas relevantes para el mundo rural requieren de una mayor participación y protagonismo de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones campesinas, de pueblos indígenas, afrodescendientes y de mujeres rurales. La participación debe facilitar el reconocimiento del campesinado y de los pobladores rurales como actores sociales y políticos. Las mujeres rurales, con sus necesidades, aspiraciones y autonomía, deben tener un lugar privilegiado en este tipo de procesos, al igual que los/as jóvenes rurales como agentes redinamizadores de las estrategias y proyectos del mundo rural. Si bien es importante contar con políticas públicas favorables al acceso y control de la tierra y los territorios, para los campesinos, los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales, también resulta imprescindible impulsar estrategias de exigibilidad sobre estos derechos a partir de un marco amplio e inclusivo de participación. Los procesos de exigibilidad son diversos, en algunos casos implican luchar contra marcos normativos que excluyen y obstaculizan el acceso a la tierra para campesinos y campesinas, en otras oportunidades, se requiere de procesos de exigibilidad para que las normas favorables se vuelvan una realidad. En Colombia, Guatemala, y otros países de la región se están discutiendo leyes de tierras y desarrollo rural. Estos escenarios no solo deben permitir que las organizaciones campesinas presenten sus proyectos alternativos, sino que sus propuestas sean tenidas en cuenta, de forma efectiva, para la expedición de políticas públicas incluyentes y que reconozcan la diversidad del mundo rural. 3. Constatamos nuestra preocupación por el continuo y creciente avance de los procesos de concentración de la tierra. Si bien existen particularidades y diferencias en los contextos nacionales, este es un fenómeno común en el plano regional y con impactos nefastos para los derechos fundamentales de campesinos y campesinas. La concentración y el acaparamiento de tierras son procesos complejos. Reafirmamos el concepto construido por la Coalición y cuyos elementos se han señalado en la declaración de Tirana, sin embargo, es importante denunciar nuevas formas de acaparamiento que no están exclusivamente vinculadas con la compra y la adquisición de derechos de propiedad de las tierras, sino con el control de los territorios y sus dinámicas sociales, económicas y ambientales. 4. Reconocemos que más allá de trabajar e incidir por el acceso a la tierra, es necesario abordar el concepto de territorio que resulta más amplio e integral y que resalta también los usos, las culturas y las relaciones de poder frente a las tierras. De esta forma, nuestra reflexión y trabajo de incidencia, no se limita al acceso y administración de los suelos rurales, sino que procuramos tener una mirada integral que involucra los derechos sobre los bosques, el agua y el conjunto de los recursos naturales; que también incluye el derecho de las comunidades a usar, conservar y reproducir sus propias semillas. Además, cuando abordamos la pregunta de quién usa y controla las tierras y los territorios, implica reflexionar sobre la producción, la soberanía y la autonomía alimentaria. A pesar de las grandes dificultades, los campesinos producen cerca del 40% de los alimentos que consume la humanidad. En este contexto, es importante transformar las grandes discriminaciones que sufren las mujeres rurales, ellas contribuyen enormemente a la economía y a la producción agroalimentaria, así como en los procesos de distribución de los alimentos, con su trabajo productivo y reproductivo; además, se debe reconocer su alta capacidad organizativa y accionar político importante en la defensa de sus derechos. 5. Las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional se constituyen en un marco amplio y útil para la realización del derecho a la tierra y al territorio de las comunidades rurales. Estas han sido construidas en un arduo proceso en el cual la sociedad civil cumplió un papel protagónico. Dicho proceso de involucramiento, debe replicarse en cada uno de los países, y por lo tanto el trabajo recién comienza. Estratégicamente, reconocemos que en su debilidad está su fortaleza, y por lo tanto la exigibilidad y la obligatoriedad de las directrices es una tarea conjunta de la sociedad civil frente a los gobiernos. 6. Denunciamos las graves violaciones de los derechos humanos vinculadas a los procesos de defensa y resistencia de los territorios rurales. Resulta particularmente preocupante la criminalización de la protesta social, y las amenazas que enfrentan los defensores de derechos sobre las tierras, que simultáneamente son defensores de derechos humanos. Destacamos la situación de Colombia, Guatemala, Honduras y Bolivia, así como otros casos que preocupan en los demás países de la región. 7. La construcción de la paz, requiere la transformación del actual modelo de desarrollo rural que se ha consolidado como excluyente y antidemocrático. En la construcción de este nuevo modelo, el crecimiento económico no debe ser el factor prevalente. Comprender y valorar las identidades de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes es fundamental en este proceso: los y las campesinos/as no son solo productores de alimentos, sino ciudadanos/as con una propuesta territorial que debe ser valorada. En este punto adquiere una gran relevancia la propuesta del buen vivir, que marca una alternativa al desarrollo que se ha consolidado en nuestros países. En la construcción de esta alternativa la participación de la sociedad civil es fundamental. De esta forma, manifestamos nuestro apoyo al proceso de paz que ocurre en Colombia y resaltamos la importancia de que el tema de tierras y desarrollo rural sea el punto inicial de la agenda. El mundo rural tiene un papel fundamental en la construcción de la democracia, y para transformarlo requerimos del reconocimiento político de la ciudadanía de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y de los jóvenes rurales. Los miembros y socios de la Coalición se encontrarán en Guatemala en la próxima Asamblea y Foro de la Tierra Global. Los aportes y reflexiones construidos desde la plataforma regional de América Latina y el Caribe son insumo fundamental para la construcción de nuevas estrategias en el camino de esta red, que está al servicio de la realización del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes y de las mujeres y jóvenes rurales. La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan juntas para promover el acceso seguro y equitativo y control de la tierra para los hombres y mujeres pobres mediante la incidencia, el diálogo, el intercambio de conocimientos y la creación de capacidades. El Foro de la Tierra América Latina y el Caribe 2012 “Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra” se organizó el 27 de noviembre de 2012 con motivo del encuentro regional de la plataforma latinoamericana de la ILC realizada en Cartagena el 26 de noviembre de 2012. El Foro fue organizado conjuntamente por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP) como organización anfitriona en asociación con la Universidad Javeriana -Observatorio de Territorios Étnicos, la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y OXFAM, y miembros y socios de la Coalición.</p>