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Después de trascurridos cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP), las partes han logrado firmar el acuerdo final, que pone fin al conflicto armado que el grupo guerrillero adelantó contra el Estado desde la década de los años sesenta del siglo XX.
La firma del acuerdo final significa que ya “Todo esta acordado”, es decir: se acordó todo aquello que las partes consideraron era estratégico para terminar la confrontación armada y en lo cual cada una de ellas se vio obligado a ceder. Es decir, no fue posible acordar otros puntos igual o más importantes que los acordados, por ejemplo discutir y cambiar el modelo de desarrollo económico, renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros países, acabar con el latifundismo y proteger los territorios rurales de la voracidad del capital nacional y trasnacional con su letal y desmedido extractivismo.
El mecanismo que se escogió para refrendar, validar o aprobar esos acuerdos es el plebiscito, convocado para el 2 de octubre de 2106; ese día todos los colombianos y colombianas en condiciones de votar, y que se animen a participar deberemos marcar el tarjetón el SI o el NO.
Después de escuchar la voz y las posiciones de varias personas con las que interactuamos a diario, personas de las más diversas y variadas condiciones sociales, políticas y académicas y de posiciones opuestas, estimo conveniente promover en este espacio, una decisión de apoyo y aprobación al acuerdo finalmente acordado y en consecuencia para que quienes estén de acuerdo se vinculen activamente a la campaña por el SI.
Lo hago teniendo en cuenta que lo que más le conviene al país y a todos sus ciudadanos es poner fin al enfrentamiento armado interno entre el Estado y las FARC-EP, aunque falte hacerlo con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Lo que se acordó en La Habana no es propiedad ni de Santos, ni de Uribe, es patrimonio público de todos los colombianos, incluidos quienes están en contra de esos acuerdos.
Ya son muchos algunos de los beneficios que el país ha obtenido, desde que comenzaron las negociaciones, algunos tangibles y otros intangibles. Dentro de los primeros baste sólo recordar que la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoce que desde que las FARC-EP decretaron el cese unilateral del fuego y las hostilidades, los desplazados por la violencia han disminuido en un 52%. Han disminuido también en un 48% el número de víctimas civiles y militares, la tasa de homicidios bajó de manera considerable a 25 muertes por cada cien mil habitantes. Se ha parado el reclutamiento de menores para la guerra y se ha disminuido de manera importante el número de secuestros hechos por la guerrilla.
Pero hay otros beneficios que no se pueden medir, son los llamados intangibles. Dentro de estos, las organizaciones sociales, comunitarias y los movimientos políticos podrán liberarse del señalamiento, la estigmatización y la usual vinculación que el Estado les ha hecho con ese grupo guerrillero para deslegitimar sus luchas y movilizaciones y ahogar o criminalizar la protesta social y la movilización popular.
Y algo más importante aún, es que el Estado va a dejar de tener la excusa para no hacer presencia ni invertir en las zonas rurales.
Pero además, los acuerdos alcanzados tienen un profundo significado político y social pues de manera explícita significan que las elites políticas y los poderes económicos manifiestan una voluntad expresa de intentar de nuevo resolver los viejos, pero siempre nuevos, problemas agrarios que no han querido resolver desde las primeras décadas del siglo XX y sobre los cuales no han tenido la voluntad política necesaria y suficiente que hoy prometen retomar.
Si se examina bien el contenido de los acuerdos, todos los puntos acordados se encuentran en la amplia normatividad expedida en las leyes agrarias, de salud, asistencia técnica, saneamiento básico, adecuación de tierras e infraestructura. Es decir, no hay nada nuevo que se salga de lo que ya esos poderes políticos y económicos han establecido; lo novedosos es que el acuerdo se convierte en una nueva oportunidad y crea unas nuevas condiciones para actualizar esa misma normatividad, para incluir, lo que las élites políticas han excluido y para intentar resolver los problemas estructurales más apremiantes de las comunidades y los pobladores rurales, sin la guerra y las armas de por medio.
Por lo anterior y después de 52 años de guerra en la cual no fue posible que el Estado derrotara militarmente a la guerrilla, ni que esta se tomara el poder por la vía armada, lo más sensato en apoyar de manera decidida los acuerdos, aún con la claridad y la conciencia que no será fácil su cumplimiento y que lo más difícil va a ser su implementación. Para lograrlo, le corresponde a la sociedad colombiana, a las organizaciones sociales, comunitarias, a los movimientos campesinos, étnicos y populares fortalecerse y emprender con toda la fuerza y convicción posible la movilización social y popular para transformar por la vía de las acciones colectivas, esa Colombia excluyente, antidemocrática y desigual que hoy nos entregan quienes han tenido los privilegios por más de dos siglos.
Por todo lo anterior, a la pregunta de “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, debemos unir la fuerza y la voluntad de nuestra familia, nuestros amigos, colegas y compañeros para responder con un contundente SI.
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Imagen: radiomacondo.com