Región:Valles Interandinos |
El objetivo de este documento es analizar el Código Minero (Ley 685 de 2001), que establece en su Capítulo XIV algunos elementos importantes referidos al desarrollo de la actividad minera en los territorios de grupos étnicos. Inicialmente abordamos algunas consideraciones generales referidas al modelo de desarrollo, para posteriormente tratar lo referido a Zonas Mineras Étnicas. Es importante señalar que la estructura de este documento no pretende responder las preguntas que plantea, sino más bien aportar herramientas que permitan profundizar en la discusión de un tema trascendental para los grupos étnicos colombianos y que hasta el momento no ha formado parte del debate nacional.
Históricamente la inserción de los países latinoamericanos en la economía internacional se ha dado bajo una relación desigual de centro – periferia, donde su papel periférico define la región como exportadora de materias primas. Desde el período de la conquista, pasando por el modelo primario exportador , el de sustitución de importaciones, y hoy bajo un modelo neoliberal, la región ha sostenido dicho estatus.
Esta dinámica ha llegado a sustentarse en un ‘determinismo geográfico del desarrollo’, según el cual, “los países más ricos en recursos naturales y más cercanos al Ecuador [a la línea ecuatorial] están condenados a ser más atrasados y pobres” (Acosta, 2012:84), y por tanto, su misión en el sistema económico mundial no puede ir más allá de ser proveedores de dichos recursos (petróleo, minerales y alimentos) principalmente para los países del centro.
Tras algo más de 50 años de aplicar modelos de desarrollo, parece que esta ‘maldición de la abundancia’ se hace verídica, pues las realidades latinoamericana y colombiana reflejan una serie de problemas estructurales como la alta concentración de la tierra y del ingreso de una porción de las élites locales y de las Empresas Transnacionales (ETN) y, una alta tasa de dependencia de los países del Centro y de estas mismas ETN.
Uno de los efectos determinantes de estos problemas está marcado por el detrimento social y cultural a que se ven sometidas nuestras comunidades,que son subyugadas al patrón homegenizador cultural propio del modelo imperante que atenta contra las diversas formas de ver y entender el mundo que tienen las culturas que habitan este continente.
Ésta ha sido una de las consecuencias minimizadas desde los estudios del desarrollo, pero quizás, es también uno de los factores que ganan cada vez más relevancia en los estudios críticos del desarrollo. En este sentido Eduardo Gudynas señala que bajo el modelo de la tendencia extractivista actual (neo-extractivismo):
1)…Los gobiernos asignan bloques de exploración y explotación que ignoran los territorios preexistentes [de indígenas, afrodescendientes o campesinos] (…), 2) los enclaves significan la apertura de zonas remotas o el avance de la frontera agrícola, y junto con ella, el ingreso de cazadores furtivos, tala ilegal del bosque, narcotráfico, o contrabando, por lo cual las condiciones de seguridad se deterioran y la violencia aumenta, y 3) los enclaves requieren de redes de conectividad [que faciliten el intercambio de insumos y productos] (Gudynas, 2009:5).
Por su parte, Alberto Acosta llama la atención sobre la fragilidad (complacencia) del Estado en las negociaciones con las ETN y a la hora de asignar permisos para la explotación de recursos naturales. En ese sentido plantea que:
con estos esquemas altamente transnacionalizados se ha dado paso a un proceso sumamente complejo: la “desterritorialización” del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando, por ejemplo, la atención de las demandas sociales en manos de las empresas (Acosta, 2012:94).
Lo común es la implementación de políticas públicas enfocadas a garantizar la inversión de capital o a captar la atención de capitales transnacionales, pero que dejan de lado la realidad y el contexto social, ambiental y cultural propio de las comunidades a las que están dirigidas dichas políticas.
En el caso colombiano esta problemática se constata en los desarrollos normativos que han tenido lugar durante la última década, particularmente en el sector minero. La promoción de éste en el país hace parte de una de las cinco locomotoras del “desarrollo”, y no son pocas las expectativas frente a la “generación de riqueza” y al “bienestar social” que se supone arrojará esta industria a través de las regalías y la generación de empleo, aspectos que en la actualidad son temas de discusión entre sectores de académicos, empresariales y de la sociedad civil.
Desde esta perspectiva, vale la pena abordar el desarrollo de la industria minera para determinar cuál es el papel que juegan las comunidades indígenas y afrodescendientes, pues aunque dentro del marco normativo minero se contempla su participación (tanto en procesos de consulta previa como en el mismo desarrollo de la actividad minera), es claro que sobre sus territorios ya se han empezado a instalar los “rieles” de una locomotora fuera de control .
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