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En medio de las difíciles condiciones que afronta el campo, comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas de los Montes de María deciden construir una propuesta de desarrollo campesino y étnico para analizar y concertar con empresarios de la tierra y el gobierno nacional soluciones a los problemas de la región.
Nyria Ramírez
Gabriel Tobón
Observatorio de Territorios Étnicos
En momentos en que el gobierno nacional y las Farc, con la participación incipiente de la sociedad civil, están nuevamente en un proceso de negociación de acuerdos de paz, numerosas organizaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas de la región de los Montes de María, conformada por quince municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, decidieron buscar ellas mismas soluciones a sus problemas para lo cual propusieron, entre otras, una mesa de interlocución con representantes del gobierno y los empresarios agroindustriales de la zona, con el objetivo de dialogar sobre las políticas de desarrollo rural y de tierras de su región, uno de los puntos de la agenda temática en los diálogos de La Habana.
Una de las principales exigencias que movilizan a los campesinos, afrodescendientes e indígenas es la defensa y protección de su territorios y de su cultura, el derecho a la vida, una economía campesina próspera y que les permita vivir en buenas condiciones, su permanencia tranquila en el territorio, así como la garantía de un desarrollo territorial agrario y rural y que además de tener en cuenta la productividad, respete, proteja y promueva los usos sociales, ambientales, culturales, tecnológicos y políticos del mismo.
Es así como en la región se vienen adelantando varias iniciativas sociales y comunitarias, entre las que se destacan la conformación de dos zonas de reserva campesina (ZRC), así como la conformación de una mesa de concertación, iniciativa esta de las organizaciones sociales y de los encuentros nacionales de ZRC, para discutir, analizar y buscar posibles soluciones a las principales problemáticas que afrontan los campesinos, afrodescendientes e indígenas que la habitan.
En los foros, encuentros y talleres en los que se han venido discutiendo y acordando los puntos clave que se llevarán a la mesa de negociación, ha prevalecido una de las demandas históricas del campesinado montemariano, el fortalecimiento de la economía campesina como uno de los pilares de una política rural. Así lo confirmaron durante el Foro regional de agosto de 2012:
Tenemos en cuenta que las tierras rurales tienen otros usos distintos de los agrícolas, pero reafirmamos que los usos agrícolas son los más importantes. La experiencia de los Montes de María da fe de ello. Cuando ocurrió el colapso del proyecto arrocero, generado por las políticas estatales, fue la economía campesina y la producción alimentaria lo que permitió sostener cierta estabilidad política y social en el territorio. La futura implementación de políticas agrarias y de tierras en la región debe tener en cuenta esta experiencia. En la búsqueda de equilibrios sociales y políticos se tiene que privilegiar la economía campesina e identificar cómo pueden coexistir sin competir por tierras, agua y otros recursos y por el apoyo estatal con otros modelos de desarrollo que existen en la región. (Conclusiones Foro regional, 11 de agosto 11 de 2012)
Cabe resaltar que esta propuesta de llamar a la concertación al gobierno nacional y al empresariado se presenta en una región como los Montes de María, donde el conflicto armado, que tuvo graves consecuencias para la vida y los bienes de un gran número de pobladores de la región, sigue vigente, y se evidencia en la presencia y accionar de grupos armados como las Farc, ELN, y en la recomposición de grupos paramilitares que actúan con nuevos nombres pero con el mismo objetivo: controlar el territorio y las rutas del narcotráfico; donde hay unos poderes locales capturados por estos grupos, cómplices de los graves hechos de violencia y corrupción de la región; donde se vive un proceso de restitución y de retornos sin las garantías para su ejecución, en medio de la crisis de los sectores agrícola, pecuario y piscícola por falta de tierras y de programas que respalden su producción; y de un contexto de resistencia y movilización de un movimiento campesino ya histórico que junto a comunidades afros e indígenas proponen ahora la expedición de figuras jurídicas que les permita proteger estos territorios que habitan desde hace décadas y ocupan mediante prácticas tradicionales los campesinos y miembros de los grupos étnicos.
Desde hace años y en diversos encuentros e instancias, estas comunidades rurales han manifestado el cansancio que tienen de vivir esta situación de iniquidad entre quienes históricamente han habitado estos territorios y los nuevos dueños de la tierra o de los recursos para trabajarla.
El contexto de la conformación de la mesa de concertación
Las difíciles condiciones en que viven los habitantes del campo en los Montes de María hacen urgente y necesario este espacio de negociación, para garantizar la estabilidad de la población rural. Sin embargo, son precisamente los problemas por la tierra y la violencia los que pueden convertirse en un gran obstáculo para que las organizaciones puedan participar y los escenarios de diálogo no se conviertan en un campo de batalla.
Las cifras y los hechos del conflicto armado en esta región así lo dejan entender:
Entre 1997 y 2010 el 55% de la población fue expulsada, es de decir que de los 430.000 habitantes de los quince municipios, 234.098 fueron obligados a desplazarse, yéndose principalmente hacia los cascos urbanos. Y muy pocas familias han retornado, por falta de garantías o porque desde su desplazamiento han pasado muchos años y al regreso tendrían que empezar de de nuevo desde cero.
Los procesos de restitución que se adelantan actualmente no presentan un panorama alentador; así, el asesinato en el último año de cuatro líderes que estaban en el proceso de reclamación de tierras para las víctimas de despojos y desplazamientos, las amenazas continuas contra las mesas de víctimas, como el caso de los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan, el Guamo y San Onofre, los atentados como el realizado a una líder de la organización Narrar para vivir en el municipio de San Juan, y otros actos de intimidación, dejan ver con claridad el interés por impedir que los campesinos regresen a sus tierras y generar miedo para que otras comunidades lo logren .
Otra de las situaciones analizadas por quienes lideran esta Mesa de concertación es como restituir tierras en una región donde este recurso escasea, caso de El Salado analizado en una columna de El Espectador el 10 de diciembre pasado, en la que se plantea la difícil situación que enfrenta el proceso de restitución de tierras a los habitantes de El Salado en el Carmen de Bolívar, en donde según la columnista apenas 37% de los campesinos tienen tierra y solo una mínima parte posee títulos, viéndose obligada la mayoría a cultivar en tierras prestadas o arrendadas.
“El Salado es hoy uno de los pilotos de la política de restitución de tierras. Y aunque el gobierno tiene la voluntad de titularles parcelas a los campesinos, se ha encontrado con un obstáculo mayor: no hay baldíos y los predios que circundan a El Salado están en manos de los empresarios de marras.
Más allá de la adquisición de tierras es la restitución de tierras, que debe ir acompañada de procesos de retorno y reubicación. Un problema es el contexto de conflicto en el que se están dando la restitución, eso se puede prestar para que se legalice la tierra a los despojadores, o para que los campesinos sigan siendo presionados para que vendan (relatorías del encuentro preparatorio de la mesa realizado el 9 y 10 de noviembre de 2012).
Según un informe de la Defensoría del Pueblo del 25 de junio de 2012, en varios municipios de Montes de María hacen presencia hombres armados, vestidos de negro, que en algunas ocasiones se han presentado como miembros de las Águilas Negras y en otras como “guardianes de las Tecas”. Según informes de organizaciones de derechos humanos estos grupos se hacen llamar ejercito antirestitución.
La escasez de tierra para la restitución y para el ejercicio del derecho a la tierra por parte de los habitantes históricos es evidente en el hecho de que de las 134.000 hectáreas entregadas por el Incora entre 1963 y 2007, 63% (84.4230) están en manos de empresas y fiducias.
Según datos del Registro único de predios y territorios abandonados, municipios como María la Baja, reconocida como despensa agrícola de la región y que producía gran cantidad de los alimentos que llegaban a Cartagena, se vio obligado a vivir el abandono de un gran porcentaje de sus tierras, por lo que en 2010, había 21.785 hectáreas abandonadas, de las 54.700 que cubre el municipio
Los monocultivos de la palma de aceite para la producción de biocombustible, y de maderables como la teca y el eucalipto han ido creciendo entre compra masiva de tierras, el abandono de las parcelas y el despojo evidente.
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