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Durante los últimos 20 años, se han realizado en Colombia diversas reformas legales que han modificado la estructura de tenencia sobre grandes áreas forestales, concediendo el reconocimiento colectivo de derechos de uso y manejo a grupos tradicionales y locales. Actualmente, la tenencia colectiva en Colombia está protegida con el máximo rango posible, pues se le considera de carácter constitucional desde 1991 (Sánchez et al. 1993). Ello define la tenencia colectiva como un derecho fundamental de los grupos étnicos y reconoce que la pervivencia de indígenas y afrocolombianos depende, en buena medida, de su relación estrecha e indisoluble con el espacio que habitan (Wade 2006).

Estos cambios han representado una oportunidad para que las comunidades que dependen de los bosques puedan, a través del manejo sostenible, garantizar sus medios de vida y proteger su autonomía territorial, pero, al mismo tiempo, han supuesto grandes retos a nivel de las comunidades y del país para la gestión efectiva de los marcos normativos que permitan la existencia y supervivencia de este tipo de territorios. En el Caribe y el Pacífico colombianos, territorios analizados en este estudio (véase la Tabla 1), el proceso de implementación de reformas colectivas de tierras en áreas forestales (ecosistemas de bosque) ha tenido trayectorias específicas en las que han influido aspectos
como el cambio en los marcos jurídicos y legales, las coyunturas políticas, y los procesos locales de organización y autorreconocimiento como sujetos políticos de diferentes grupos sociales.

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