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Contaminación del rio timbiquí por la explotación minera con retroexcavadora

Autor: José Alfredo Valencia || Publicado en Noviembre 13 de 2012

Gráfica alusiva a Contaminación del rio timbiquí por la explotación minera con retroexcavadora
Región:Pacífico |

Al desastre de la contaminación hídrica y la destrucción de los cuerpos de agua en Colombia se añade otra víctima: el río Timbiquí, en la costa caucana del Pacífico. A la multitud de aventureros buscadores de oro, pertenecientes a comunidades locales pobres, que de por sí han causado un daño significativo al cauce y agua del río, se suma ahora la de los mercenarios de la explotación de recursos naturales no renovables, grandes empresas extranjeras o de otras regiones de Colombia, provistas de dragas, retroexcavadoras y personal calificado para destruir, en aras del enriquecimiento privado, este río emblema de gran parte de los timbiquireños.

 

 

Timbiquí, en el departamento del Cauca, fue fundado en 1772 por Francisco Antonio de Mosquera y Andrés Saa, y tiene el carácter de municipio desde 1915. Con una extensión de 1.813 km² y a una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, está localizado al occidente del departamento en la costa pacífica, a una distancia de 580 km de Popayán, la capital. Su topografía es quebrada en un 70%, con presencia de algunas ramificaciones montañosas y planicie.

 

Timbiquí tiene una temperatura promedio de 28° C. La pluviosidad media anual es de 6.000 mm y la humedad es de cerca 93%, causada por las corrientes marinas y los vientos alisios del sur y los del suroeste. Al norte limita con el municipio de López de Micay, al oriente con los de El Tambo y Argelia, al sur con Guapi y al occidente con el océano Pacífico. Sus principales ríos son el Timbiquí, el Saija y el Bubuey.

 

Las principales actividades económicas son la pesca, la minería, la agricultura y la explotación de madera, siendo sus productos más representativos la caña, el arroz, el plátano, el coco y el maíz. El coco es el más importante para los campesinos, ya que de su venta obtienen un mayor beneficio económico.

 

Comporta un territorio ancestral de 71.010 ha, titulado colectivamente mediante resolución 01120 del 16 de mayo de 2001 del Incora.

Como municipio, Timbiquí ha vivido una historia muy particular: en 1900 se asentó por títulos de la república la compañía inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltd, compañía minera cuyas oficinas principales estaban en París (Francia), a la que el gobierno colombiano le tituló en ese entonces la margen derecha del río Timbiquí, en su totalidad. En 1989, en esa misma margen del río y también con un permiso gubernamental, se asentó, hasta el año de 1993, una compañía rusa que además de los enormes daños ambientales en el territorio, dañó fincas de los nativos y sus casas, saqueó el oro y empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran deterioro social en todo el municipio y su cuenca hidrográfica. El estado colombiano jamás ha asumido sus responsabilidades por la presencia de estas compañías y por los impactos sociales, económicos y ambientales que tuvieron.

 

El periódico El País de Cali publicó, en su edición del 29 de abril del 2010, un artículo titulado “Timbiquí podría ser epicentro de una masiva explotación minera”, texto en el que se expuso ante la opinión pública nacional e internacional la situación de riesgo que para las comunidades de Timbiquí representaba la amenaza de más de veintiocho dueños de retroexcavadoras, que podrían trasladar algunas de las doscientas que al parecer hasta ese momento se encontraban aún asentadas en Zaragoza, zona rural del municipio de Buenaventura (en la costa pacífica del departamento del Valle), a este municipio caucano a saquear el oro y a destruir el patrimonio ambiental y ecológico del los pobladores del río Timbiquí y de otros ríos de la costa caucana. 

 

En mayo de 2010, el municipio, por medio de los consejos comunitarios Renacer Negro y Negros Unidos en la Cuenca del río Timbiquí, Negros en Acción en la Cuenca del río Bubuey, Parte Alta Sur del Saija, Patía Norte San Bernardo y Bajo Saija en la Cuenca del río Saija, articulados en el Palenque Mayor el Castigo-Asociación de Consejos Comunitarios de este mismo municipio, lanzó un SOS, por el ingreso al territorio de dos retroexcavadoras en el río Timbiquí. Alertó también a la comunidad nacional e internacional sobre la presencia de estas retroexcavadoras y la tendencia a invadir sus territorios para la explotación minera ilegal. Denunciaron que lo que estaba ocurriendo en Suárez y Buenos Aires, en el norte de Cauca, lo ocurrido en Zaragoza, en Buenaventura, y lo que pudiera ocurrir en Timbiquí y la costa caucana, son una muestra clara de que el gobierno nacional no aplica lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y lo ordenado por la Corte Constitucional, entre otras de sus disposiciones en el auto 005 de 2009, frente a la minería legal o ilegal y frente a su responsabilidad de proteger los derechos ambientales, territoriales y culturales de las comunidades. Muestra evidente de que el gobierno no aplica, frente a la minería legal e ilegal, la protección de los derechos constitucionales de las comunidades negras/afrocolombianas, y de que mientras ellas se ven profundamente afectadas en su integridad cultural y sus vidas, todas las entidades estatales y gubernamentales parecen haberse puesto de acuerdo para no operar. 

 

Algunos periodistas y académicos han advertido también que detrás de esta actividad minera hay grandes intereses y poderes económicos, políticos y militares, y que ello agudiza el riesgo para la población nativa y dueña de los territorios ancestrales de nuestra querida región del Pacífico, a quienes no se les escucha y se les está violando todo derecho. En la actualidad el peligro es inminente, por cuanto estas actividades en la región avanzan a pasos agigantados. Así, por ejemplo, es de conocimiento público que solo en la costa caucana existen más de doscientas retroexcavadoras en Santa María (Timbiquí), lo que ha contribuido con el vertimiento al río de grandes cantidades de elementos químicos como cianuro y mercurio, entre otros, contaminando esta que otrora fuera fuente de subsistencia de la población nativa. 

 

Se insiste en la imperiosa necesidad de hacer valer los derechos individuales y colectivos de la población timbiquireña, cada vez más vulnerable frente a los intereses y maquinaria de la codicia minera que históricamente ha cobrado cientos de víctimas y que sigue campeando y violentando a los nativos en sus propios territorios. 

 

Reflexionar en lo anterior conduce a una pregunta obvia: ¿y las autoridades ambientales dónde están? Pues ahí están, no han decomisado las dragas, tampoco niegan los permisos ni bloquean las actividades de explotación aurífera en la zona. Y la destrucción continúa. Cuán difícil es hacer cumplir la ley en nuestro país, en especial ciertas leyes. Unos depredadores se van, otros vienen, otros más cambian de nombre, los más recurren a leguleyadas para continuar su trabajo destructivo y todos contribuyen a acabar con ese gran río de Colombia.

 

Se requiere entonces un cambio drástico en la actitud de la autoridad ambiental. Si el río Timbiquí se quiere salvar realmente, la zona debe quedar totalmente vedada a la actividad minera. El gobernador del departamento y el alcalde municipal deberían declarar inmediatamente la emergencia ecológica, que dota a la autoridad de todos los mecanismos necesarios para detener de una vez por todas esta actividad criminal.

 

Ha faltado también una actitud más expresiva y firme de la comunidad. Para que el estado cumpla con sus deberes constitucionales y legales se requieren más marchas, más acciones pacíficas de protesta y concentraciones multitudinarias. Pero por encima de todo está el recurrir a la ley cuando una situación se sale de las manos, y aquí cabe solamente la declaratoria de la emergencia ecológica para que se sienta que hay un gobierno que sí protege nuestros recursos naturales renovables, esenciales para el presente y futuro de nuestra nación.

 

 

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