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Desde hace unas décadas, y de manera creciente, el subsuelo de Colombia, al igual que el de otros países de América Latina, ha despertado de nuevo enormes intereses económicos extractivos a escala mundial. Esta situación ha traído consigo un boom en la solicitud y el otorgamiento de derechos sobre el mismo, cuyas irregularidades en el país fueron especialmente documentadas tras el escándalo suscitado en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), conocido como la “piñata o la feria de títulos mineros”, correspondiente a la entrega sin control de numerosas concesiones, a particulares y a empresas nacionales y multinacionales, incluso en áreas naturales protegidas y ambientalmente estratégicas como los páramos.
El escándalo generado llevó a que Ingeominas dejara de administrar el catastro minero colombiano (CMC) y el registro minero nacional (RMN), y a declarar una moratoria en la recepción de propuestas de contratos de concesión y de solicitudes de legalización, por lo menos hasta que entrase en operación la Agencia Nacional de Minería (ANM), creada el 3 de noviembre de 2011 mediante el decreto 4134 con el objeto de:
“(…) administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del estado, promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”.
Además de la ANM en lo referido a la administración de los recursos del subsuelo, Agencia que asumió las funciones de Ingeominas en cuanto al catastro y al registro mineros, el 26 de junio de 2003 se creó, mediante el decreto 1760, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el objetivo de administrar integralmente las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación. Estas dos agencias están adscritas al Ministerio de Minas y Energía y entre sus funciones más importantes se encuentra administrar y actualizar la información cartográfica relacionada con los derechos otorgados por el estado. Este reconocimiento de derechos, íntimamente ligado con un componente geográfico, es el aspecto central sobre el cual está enfoca este artículo, dado que actualmente se evidencian serios problemas de acceso a la información cartográfica principalmente por su ocultamiento, pero también por su precariedad y sus contradicciones. También pretende demostrar que restringir el acceso a la información cartográfica sobre las concesiones del subsuelo se enmarca perfectamente en la definición de estupidez propuesta por Cipolla, analizándola desde una perspectiva estatal ligada al marco normativo en materia minero-energética.
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