En lugares anónimos, que corresponden a municipios rurales, en diferentes puntos de la geografía nacional,grupos de personas manifestaron su sintonía con el paro nacional prolongado que comenzó el 28 de abril de 2021. Sin embargo, estos procesos de inconformidad explícitos no hicieron noticia, no fueron marchas masivas, no hubo quemas, ni grandes escándalos. Fueron expresiones de descontento público que promovieron la afluencia de grupos pequeños, especialmente de jóvenes, que hicieron presencia por las vías principales con destino al parque central, punto de encuentro social, bajo la mirada escéptica, curiosa,hostil o preocupada de autoridades y demás pobladores.

Cacerolazos, marchas con carteles y arengas, velatones, al ritmo música y tambores, fueron los repertorios más empleados en estas manifestaciones que se programaron, usualmente,al caer el día. Las redes sociales cumplieron su papel activo para concretar esas convocatorias que, en varios lugares, se repitieron dos o tres veces. Según las condiciones de poblamiento de cada municipio, el flujo entre las veredas y el casco urbano, las vías de acceso y los medios de transporte, así como las distancias existentes, hubo concurrencia de personas que viven en el campo. Lo interesante aquí es hacer explícita la iniciativa local para promover esas expresiones abiertas que sintonizaban y se solidarizaban con el paro nacional.

Una de las principales sintonías ha sido el liderazgo y participación de lxs jóvenes en estas convocatorias y en el desarrollo de estos espacios para alzar su voz. Una mirada con algún detalle, a dos situaciones concretasen distintos poblados, pondrá en evidencia otras cuestiones.

La convocatoria me llegó a través de whatsapp, para el7 de mayo a las 5 de la tarde. Un afiche con un fondo blanco que mostraba siluetas de marchantes con Banderas y en la parte superior un fondo verde en donde se leía “Nos unimos por la vida” y más abajo, “Caminata de solidaridad”. Así que nos programamos para estar ahí, aunque no vivimos en el casco urbano. Dado que no podíamos llegar a la cita de las 4 en las afueras del pueblo para elaborar los carteles, los elaboramos en casa. Atentos en la calle principal, vimos una bandera tricolor izada al revés y un grupo de jóvenes, unos más que otros, unos a pie y otros en bicicleta, que no superaban las 30 personas, casi todxs con tapabocas. Nos unimos al final y caminamos las cinco cuadras hasta el parque. ¡Qué viva el paro nacional! ¡Que viva¡ Esas fueron las arengas que coreamos. Dos cuadras antes de la alcaldía, uno hombre joven se paró al frente y agradeció la participación y respuesta a la convocatoria. Sus palabras fueron más o menos las siguientes. “Esta convocatoria la hicimos estudiantes y jóvenes del municipio. Es la segunda marcha que hacemos y queremos solidarizarnos con el paro nacional y con el descontento que hay en el país. Aquí también lo sentimos y nos toca. No tenemos interés en provocar desórdenes ni violencia,ni se trata en manifestarse contra las autoridades municipales o la policía de aquí. Hago esas aclaraciones porque después de la marcha con faroles que hicimos hace unos días, recibimos algunas amenazas. Recordemos entonces que solo queremos manifestar nuestras inquietudes y descontento. Nuevamente, muchas gracias y sigamos para el parque”. Allí pusimos en las escaleras las pancartas y estuvimos un rato charlando en combos pequeños. Me encontré con Carolina, una chica de 25 años que vive en una vereda cercana al pueblo. “La primera marcha estuvo mejor. Hubo mucha más gente y llevamos faroles. Se veía muy chévere”.

Esa fue mi experiencia en un municipio de Cundinamarca, a 50 km de Bogotá, que no supera los 10.000 habitantes y que en su casco urbano registra un poco más 3.000 personas. En el departamento de Magdalena, una singular historia hizo noticia.El 6 de mayo, en el corregimiento de Canoas, Pivijay,un puñado de jóvenes inconformes sintonizados con el paro nacional, marchó por la enlodada calle central.El día anterior habían hecho la convocatoria por whatsapp con una imagen de siluetas de marchantes y banderas tricolores. “Canoas, jueves 06 de mayo del 2021” en letra grande y en el centro, en tonos tricolores. En la esquina inferior izquierda: “Llevar todos los protocolos de bioseguridad y buenas vibras”. Hacia la esquina inferior derecha se lee:“Marcha pacífica. Hora: 3:00 p.m.(puntual)”.

Uno de ellos con la bandera tricolor en sus espaldas y todos con tapabocas avanzaron con varias pancartas en cartulinas, reclamando respuesta de los dirigentes del pueblo, del departamento y de la nación por el abandono en que se encuentra su vecindario. Al llegar a la plaza principal, en donde está la Iglesia San Martín de Lobas, ondearon la bandera nacional y luego se devolvieron para sus viviendas. Sus escépticos vecinos adultos los miraban mientras les decían burlones: “Vayan a trabajar, eso no sirve de nada; nadie los va a escuchar y menos a prestar atención. Están perdiendo su tiempo”.Otros les recordaban;¿Quién los va a escuchar desde acá?4.Un corto video de esta marcha que circuló en redes sociales permitió que fueran escuchados, si no por los dirigentes, si por muchas otras personas pues,además,algunos noticieros nacionales hicieron el registro respectivo. Algunos mensajes en las redes manifestaron apoyo y admiración, otros, criticaron a los adultos que se burlan y no hacen nada, y otros expresaron suspicacia frente estos jóvenes que, seguramente, no tienen claras las razones de esta acción. Leonardo, uno de los jóvenes partícipes, señaló que tuvieron algo de miedoal principio, pero luego lo superaron.

Es evidente el liderazgo de lxs jóvenes, pero ¿dónde estaban los adultos?Algunos se mantuvieron como observadores sorprendidos, mientras comentaban en las esquinas y negocios sus propias quejas, particularmente, a raíz de la criticada reforma tributaria. “¿Cómo se le ocurre al gobierno poner más impuestos para todos, en medio de la pandemia, cuando todos estamos más jodidos?Eso no se le ocurre a nadie”, dice un hombre de unos 60 años en un supermercado del pueblo, conversando con un amigo,en tono cantadito cundiboyacense.

La marcha no les fue indiferente a lxs adultxs, pero no se unieron a ella;en Las Canoas,fue evidente la burla y el escepticismo que manifestaron. Parece una muestra de las diferencias entre generaciones, frente al sentido que tiene la marcha, que puede ser vista como un ejercicio inútil que,además y por lo mismo,puede poner en ridículo a quien participa.

En ambos casos, la mención al miedo y la intimidación que experimentaron lxs jóvenes resulta preocupante. En Cundinamarca, por amenazas precisas desconocidas y por la mirada recelosa de las autoridades, y en Magdalena, por el sentimiento vivido, sin que hubiera una razón concreta. Creo que no somos muy conscientes del miedo que albergamos como colombianos frente a este tipo de situaciones, miedo que no es gratuito, pues cada paro o marcha importante, como el paro agrario de 2013, y los paros nacionales de 2019 y 2021, viene acompañado de asesinatos de participantes durante las protestas por la policía, el Esmad u otros actores, y de posteriores amenazas que, desdichadamente,se cumplen. Resulta urgente que busquemos caminos y estrategias para eliminar las prácticas intimidatorias que hemos vivido e interiorizado varias generaciones. Necesitamos liberar palabras y argumentos para que, efectivamente, “cese la horrible noche”, una frase que también estuvo presente en estas marchas. La ausencia de confrontación y oposición abierta en los municipios rurales no corresponde, necesariamente, a la ausencia de conciencia crítica. Una explicación reside en que sus inconformidades se tramitan de otras maneras como el chisme,la crítica, la burla. Estos textos ocultos y estrategias de resistencia cotidiana que ha señalado Scott5son mecanismos para manejar una realidad marcada por una correlación de fuerzas tan desfavorable, que frena la confrontación y la abierta oposición. Tienen clara la enorme distancia entre las estructuras nacionales de poder y sus reducidas posibilidades de ser escuchados. Su marco de referencia parece estar fuertemente anclado,-seguramente por las lecciones de su experiencia propia y ajena-, entre el escepticismo y la aceptación, que acata las imposiciones de quien domina, con una mirada crítica, pero silenciosa, frente a quien ejerce el poder. Estas dos experiencias concretas muestran,además, una tensión entre marcos de sentido en el campo de la cultura política entre generaciones, que es también una oportunidad para que las juventudes sacudan y renueven demandas, repertorios y estrategias de reclamación e indignación frente a los gobernantes de turno. Tenemos derecho a esa esperanzadora posibilidad, indispensable para profundizar nuestra frágil democracia.

Un grupo de jóvenes en la comunidad de Barú convocó a una velatón en El Playón del Triunfo o Plaza del Triunfo, un lugar de importancia para el pueblo barulero y suficientemente visible para reunir a interesados y transeúntes. La velatón se promovía como apoyo al Paro Nacional. Pero no llegó mucha más gente que los convocantes, no generó el interés que se esperaría en una comunidad de 4000 habitantes que enfrenta problemáticas que bien podrían ser denunciadas, a viva voz, en aquel Playón del Triunfo que fue el escenario de la batalla (ocurrida posiblemente antes de 1533) que le ganaron indígenas locales a Pedro de Heredia (fundador de Cartagena) según los relatos orales y las investigaciones historiográficas

¿Por qué la comunidad de Barú no participa en el Paro Nacional? Esta pregunta me ha generado curiosidad suficiente para conversar con hombres y mujeres de Barú que sé que pertenecen a procesos organizativos reivindicativos, personas que han liderado movilizaciones sociales tan importantes como aquellas que en 2014 bloquearon el voto para las elecciones presidenciales y, en lugar de acudir a las urnas, la comunidad entera protagonizó una jornada para denunciar el problema del suministro de agua potable. La gente de Barú también ha participado en otras acciones colectivas como el cierre de la Bahía de Cartagena en el 2018. Así que el Paro Nacional y su pliego de peticiones hubiesen podido generar algo más de interés en los isleños.

Y es que en el Paro Nacional que vive Colombia, con más intensidad desde abril del 2021, la sociedad se ha manifestado de formas contundentes, creativas, optimistas, rebeldes, críticas y con altísimos niveles de cohesión de movimientos sociales de jóvenes, mujeres, grupos étnicos, diversos sectores populares, campesinos y ambientalistas, solo por nombrar algunos de los actores más protagónicos. El Paro busca promover transformaciones hondas en el modelo económico, en la situación crítica de derechos humanos y volver a posicionar acuerdos que este y otros gobiernos han incumplido.

Confieso que el Paro me tomó un tanto despistada en las calles de Sevilla - España. Un día cualquiera, personas que jamás me habían hablado en la universidad en la que estudio actualmente, se acercaban a preguntarme por Colombia. Como se sabe, la represión violenta a las marchas generó enfrentamientos imposibles de ocultar en la prensa internacional. Todos hablaban de Colombia y el terror en las calles, no hablaban propiamente de las razones del Paro, sólo de policías disparando a jóvenes manifestantes. Lo que me sorprendería, un par de meses después, es que en Barú también la gente estuvo un tanto desconectada de la movilización. Dice una de las personas que entrevisté para esta nota que “el paro cogió a Barú muy despreocupado”. De hecho, como el paro sigue, algunos afirman que “ya es hora de cambiar eso de que Barú está aislado, Barú es también Colombia”.

Las razones del porqué de su apatía con el Paro Nacional son diversas, y los diálogos informales por las calles de Barú sólo dejan algunas pistas para seguir indagando. Una razón histórica: los habitantes de Barú sienten no ser parte del resto de Colombia, esto me lo han dicho una y otra vez en trabajo de campo. Dehecho,se atreven a afirmar que no se identifican con la Colombia rural ni urbana que ha sido más protagónica en el Paro, al punto que cuando les pregunté por Cartagena, ciudad que sí se ha movilizado estos meses, ciudad vecina y de estrecho vínculo con ellos, respondieron que la Cartagena que salió a la calle es la de los movimientos de izquierda que no les representan.

La desconexión con el país del interior -incluido el Caribe no costero-, tiene que ver con que Barú se construyó principalmente en vínculo con el gran Caribe, con lo que ellos denominan los pueblos del mar. El historiador Alfonso Múnera afirma que la conexión de Cartagena con el Gran Caribe y España era más fuerte que con el resto de la Nueva Granada (Múnera, 2008)3. Y Barú, desde un periodo muy temprano de la trata transatlántica, fue un territorio de negros libres que participaron en el negocio de contrabando en toda la región. De ahí el gran legado y fama de buenos navegantes que ostentan los baruleros.

Otra razón es de contexto territorial dado por los vecinos que tiene el pueblo de Barú. En palabras de una líder de la comunidad:

Estamos rodeados de toda la gente pudiente del país y no es justo, por ejemplo, que yo ahora sintiera un dolor de estómago tenga que salir del territorio lejos a buscar un médico, eso debería motivarme a protestar, pero no es así, porque aquí nadie le va a cerrar la entrada a los hoteles o casas de descanso de la gente más millonaria de Colombia. Fíjate tú que diría un rico de estos, que está por aquí pasando la pandemia, si tapamos la llegada de sus yates, yo no creo que nos perdonen un desorden de esos, quién se va a jugar la vida así.

A la persona que dice esto le contra pregunté diciéndole que en el Paro las acciones colectivas no siempre buscan el bloqueo de calles o de puertos, que se pueden hacer otro tipo de acciones que pasen el mensaje de nuestro descontento, pero respondió que no habría garantías de mostrarse como un revolucionario o un romántico hoy día e insistió en que no hay necesidad de asumir tanto riesgo. Otra razón tiene que ver con la principal fuente de ingresos de la comunidad, el turismo. Un barulero dijo que:

La comunidad no se pronunció, no se dieron marchas, porque en el pensar de la mayoría de las personas en la comunidad, se tiene la percepción como si estuviéramos aislados del resto del país, cosa que no es así, pienso yo. Pero, puedo decir que el impacto negativo se dio porque el turismo internacional dejó de venir, eso impacta negativamente el bolsillo de toda la gente que vive del turismo. Por eso el Paro Nacional golpeó esta parte del país.

Los marchantes en Cartagena se tomaron el sector de Mamonal y cerraron la entrada a Barú varios días de varias semanas de mayo y junio. Esto afectó la llegada de turistas y generó que muchas personas se posicionaron en contra del Paro. Como dijo una señora dueña de restaurante en Barú “no es justo que no nos permitan trabajar, acaso los del Paro no dicen que trabajar es un derecho, pero a nosotros nos bloquean porque no somos como el resto de Colombia, aquí se vive de otra manera y no nos entienden en esa parte”.

Y claro, en Barú se vive de otra manera si la comparación inmediata son ciudades como Tunja, Cali o Montería porque, además, aunque son un pueblo de extensión pequeña en tierras, tienen un inmenso mar en el que navegan y pescan, así que cuando se comparan con otros lugares no lo hacen con pueblos de pocas habitantes sino con ciudades. El mar para la comunidad no es un recurso ni un medio de vida, es una forma de vida, y por ello la voz del pueblo de Barú sería de gran importancia en el Paro Nacional, enriquecería el debate sobre el control de las costas y litorales, sobre los serios conflictos de privatización del mar que enfrentan día a día los pescadores, y con otro conjunto de problemas que se agudizan con el cambio climático y que no están en la agenda gubernamental. Barú podría hablar por el mar porque lo conoce muy bien y han padecido cómo poco a poco les limitan su íntimo vínculo con los ecosistemas marinos.

Muchas otras razones se podrían explorar, pero queda claro que, tal como me dijo un líder de la comunidad con quien conversé de esta nota:

Si, creo que es necesario que nosotros como comunidad nos enteremos de que nada está aislado, que vivir en una isla no es para aislarnos más, que todos tenemos que ver y sumar para lograr cambios y que las cosas sean mucho mejores, que se resuelvan tantas necesidades. Creería que nos toca tener claro eso para también pronunciarnos y que nuestra voz como comunidad pueda tener eco para lograr mejores cosas, pero el problema es que lo que pasa en Colombia no pasa en Barú.

Las noticias sobre el paro nacional en Colombia se propagaron como un incendio alrededor del mundo. Llamaba la atención la violencia desmedida por parte del Estado, desplegando los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), como respuesta a la protesta pacífica que surgió contra los proyectos de ley tributaria y de salud.

La comunidad internacional recibió las cifras de las primeras semanas del paro con horror y escalofrío: 47 asesinatos, 943 detenciones arbitrarias, 28 víctimas con heridas en los ojos, 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, entre otras formas de violencia extrema reportadas por Indepaz y la ONG Temblores. Si bien los medios internacionales ofrecieron una lectura crítica frente al evidente abuso de la fuerza y hubo consternación y una especie de decepción, pero quizás no sorpresa, por parte de la comunidad global, su respuesta no estuvo exenta de profundas contradicciones y falencias.

En este escrito, haré una breve reflexión sobre la relación entre la violencia como respuesta del Estado al paro nacional y la crisis humanitaria que se vive en los territorios étnicos y otras regiones del país en el periodo del post-acuerdo. Luego compartiré algunas respuestas de gobiernos internacionales y algunas críticas por parte de la sociedad civil a nivel global, anotando esfuerzos en curso para visibilizar y promover la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz y del Capítulo Étnico en particular.

El paro nacional y la crisis en territorios étnicosPor un lado, la violencia estatal evidenció la falta de compromiso con los acuerdos de paz logrados en 2016, particularmente los puntos sobre el derecho a la protesta pacífica y la no criminalización de la protesta social. Por otro lado, el horror de la violencia inmediata del paro, también hizo más evidente la crisis de violencia en el país contra líderes y lideresas sociales, así como las nuevas olas de violencia que se viven en los territorios indígenas, afro-descendientes y rurales. Las condiciones infrahumanas en algunas comunidades y territorios como el Chocó, el Pacífico sur y algunas zonas del Norte del Cauca, son un indicador de un problema sistemático de discriminación contra los pueblos étnicos y contra el campesinado. Esta violencia va en paralelo con la del paro que también ha tenido un carácter racial, evidenciado en el racismo abierto y la violencia dirigida contra la Minga Indígena en Cali, como en el impacto desproporcionado de la violencia estatal sobre comunidades indígenas y negras-afrodescendientes en general.

Como indica en un artículo escrito por Esther Ojulari y Harrinson Cuero, 35 de los 47 asesinatos ocurridos entre el 28 de abril y el 8 de mayo, fueron en Cali, donde vive una población mayoritariamente Afro-descendiente. Dicen que “no es una sorpresa que el racismo estructural y sistemático está profundamente incrustado en Cali. Muchos de los casos más agresivos de la violencia del Estado han sido perpetrados en barrios cuya población es mayoritariamente Afro-descendiente, tratando a estas comunidades como enemigos bélicos”.

También se trata de la inequidad estructural que fomenta las condiciones para la proliferación de economías ilegales y violencias armadas, asíque cuando entran propuestas de ley, como de hecho ocurrió, sin atender a la raíz al problema, las condiciones son perfectas para que surja un paro nacional. Es importante recordar que también surgieron otros paros cívicos importantes en regiones como Chocó y Buenaventura, de esta misma manera.

Por esta razón, la violencia que se vio por las pantallas y los medios masivos de comunicación a través del mundo, también puso en evidencia la falta de compromiso real del Estado y, de alguna manera, de la comunidad internacional, con la implementación de lo que se conoce como el Capítulo Étnico, el punto 6.2, del Acuerdo de Paz.

Al mismo tiempo que se preparaban para el inicio del paro, las organizaciones étnicas que conforman la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales, estaban organizando la campaña “Acuerdo Humanitario Ya!”para aplicar en territorios y comunidades que estaban reviviendo una crisis humanitaria, pues el Estado no había actuado de manera contundente para proteger a la población civil. Esta violencia contra comunidades racializadas en gran medida estaba, y sigue estando, fuera del radar nacional e internacional. Son lugares de alto interés económico en donde, además, viven pueblos indígenas y negros-afro-descendientes palenqueros y raizales.

Aunque el Estado Colombiano, es el principal responsable del avance o no delpaís hacia la paz, la comunidad internacional también juega un papel importante. Las economías ilegales son también economías globales con vastas infraestructuras en el exterior.

Además, las violencias incluso “legales” como las que hemos visto en el paro, cuentan con equipo y entrenamiento proporcionados por otros países dentro de una política de “paz y estabilización”. Las condiciones y determinantes de la violencia que se vive en los territorios étnicos tienentodo que ver con economías e intereses globales,tanto nacionales como regionales.

Algunas respuestas internacionales -gubernamentales frente el paro

Los gobiernos de Estados Unidos, Noruega, Alemania y Canadá, por nombrar algunos, publicaron pronunciamientos oficiales. La gran mayoría indicaron estar alarmados por la represalia tan violenta del Estado colombiano e hicieron un llamado a una respuesta más “moderada” del uso de la violencia o un rechazo total de su excesivo uso durante las manifestaciones. Hubo, también, varios países que expresaron preocupación por los “bloqueos” y que hicieron un llamado de calma a todas las partes involucradas.

Canadá, por ejemplo, condenó “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad”, y pidió un cese de la violencia, enfatizando que “el derecho a asociarse pacíficamente hace una parte fundamental de la democracia y debe ser protegido a toda costa”. También expresó que “los actos de vandalismo y violencia contra los oficiales públicos, tanto como los bloqueos han obstaculizado que los bienes y servicios esenciales sean distribuidos durante la pandemia del COVID-19”.

Frente a la respuesta del gobierno de Estados Unidos, las Ong de derechos humanos, la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que “55 miembros del Congreso pidieron al gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios”.

En general, las respuestas internacionales han sido diversas, algunas más contundentes que otras, pero la mayoría con un cierto sesgo. Para empezar, no se hizo mención a la situación ya crítica que antecedió el paro del 28 de abril, ni se expresó el evidente vínculo con, o respuesta adecuada frente a esta “otra” violencia, a la crítica situación experimentada por pueblos étnicos y campesinos en sus territorios, a los nuevos desplazamientos, confinamientos, agresiones sexuales contra las mujeres, los asesinatos y las desapariciones.Aunque el paro evidenció una creciente tensión en varias regiones del país durante el periodo del pos-acuerdo, así como las condiciones preexistentes que la pandemia ha exacerbado como la inequidad de género y el racismo estructural, la reacción de la comunidad internacional ha sido en ambos casos realmente insuficiente.De hecho, resulta paradójico que hayan apoyado financieramente el proceso de paz, pero que no presionen suficientemente para que se implemente. Organizaciones y activistas de la sociedad civil, encuentran que las respuestas de los gobiernos han sido a menudo ambiguas, insuficientes o poco comprometidas con la paz.

Visibilidad y activismo en el exterior: compromisos con la paz y el Capítulo Étnico

Algunas posiciones internacionales más fuertes frente al paro surgieron, en parte, por las presiones de la ciudadanía: redes de activistas, el sector académico, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, entre otros; escribieron cartas, organizaron protestas solidarias y denunciaron al gobierno de Colombia en el exterior. También hubo una exigencia generalizada para que los gobiernos lejanos, pero con vínculos fuertes de comercio, se manifestaron y presionaran para parar la violencia y para pedir un abordaje el contexto subyacente de inequidad severa, falta de atención a la pandemia,y falta de garantías para la oposición política y las opiniones discrepantes.

Amnistía Internacional, WOLA y otros organismos de derechos humanos produjeron cartas y comunicados presionando al gobierno de Biden, no solamente frente la violencia estatal de Colombia, sino la violencia incrementada contra pueblos étnicos en los territorios. Amnistía Internacional publicó una verificación digital de material audiovisual, confirmando que el ESMAD usó fuerza excesiva e innecesaria. También documentaron el uso de civiles armados que acompañaron a los oficiales de la Policía Nacional y que los incidentes no eran esporádicos ni aislados, sino que reflejaron un patrón de violencia por parte de las autoridades, incluyendo la tendencia a estigmatizar, criminalizar, militarizar y reprimir la protesta social.

De igual manera, la Red Global –Pueblos Étnicos y Paz, con alrededor de 40 miembros en varios países (Canadá, EEUU, España, Francia, Alemania y Colombia,entre otros) organizó una serie de acciones y eventos, incluyendo encuentros virtuales con analistas, activistas del paro y representantes de organizaciones. Publicaron también varios artículos de análisis, así como una carta firmada por más de 400 personas, en la que denuncian la violencia del paro y la re-militarización de los territorios étnicos.

Y en un esfuerzo conjunto de varios sectores sociales, se presionó para que pudiera darse la visita de verificación y monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto se logró, en parte, gracias a una petición firmada por más de 600 organizaciones a nivel internacional. La visita, ocurrida entre el 8 y 10 de junio, dejó como resultado un crítico informe frente el actuar del gobierno Colombiano en el paro.

Por otra parte, una misión humanitaria de parlamentarios de Catalunya, que se llevó a cabo para revisar la situación de derechos humanos en el marco del paro ,concluyó en su informe que los jóvenes tienen pocas oportunidades para el futuro y que han sido víctimas de la represión excesiva del estado. Actualmente, varias organizaciones de la sociedad civil están pidiendo al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que presione para que haya un mayor compromiso por parte del gobierno de Colombia en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz y el Capitulo Étnico en particular: las vidas de muchas personas dependen de ello.

Entre el 7 de junio y el 3 de julio estuvimos en los Consejos Comunitarios de Eladio Ariza y Santo Madero, las comunidades campesinas de Asocucal y Asocristo, y el Resguardo Indígena Zenú de San Antonio de Palmito. Durante el recorrido, uno de los temas que más generó conversaciones con los distintos líderes y lideresas de las comunidades fue el Paro Nacional que inició el 28 de abril. Las conversaciones se abrieron principalmente por parte de los líderes y lideresas de las comunidades con la pregunta “¿cómo está todo en Bogotá con eso de las marchas?”. Esto permitió que se hablara de cómo las ciudades eran un punto focal que convocaba especialmente a jóvenes, que exigen no solo un cambio para las ciudades sino para el país. Este reconocimiento de las ciudades como un punto focal cuestionó la idea de las ciudades como epicentro y ejemplo del discurso del desarrollo. “¿En Bogotá hay comida? ¿Está muy cara?” preguntaban con interés a partir de las noticias. La discusión en general permitió que les preguntáramos sobre la manera en la que el Paro Nacional los impactaba y si habían estado participando en apoyo a este.

Se identificó que sus percepciones acerca del Paro Nacional eran positivas y de apoyo a estas manifestaciones, ya que visibilizaban el descontento social del país en los contextos rurales y urbanos. En los Consejos Comunitarios las comunidades afrocolombianas expresaron que salieron algunos días a marchar con el fin de reafirmar el sentimiento de descontento social que hay en el país, pero también para exigir lo que históricamente el estado colombiano les ha negado. Su principal exigencia fue y sigue siendo el cumplimiento de los acuerdos pactados en el año 2018, con la Gobernación de Bolívar, en el marco de la Caminata Pacífica Etnocampesina de los Montes de María. Los acuerdos recogen exigencias para mejorar el bienestar de la comunidad en temas ambientales, sociales, de infraestructura, de seguridad, entre otros.

Asimismo, la comunidad  del  Resguardo  Indígena  de  San  Antonio  de Palmito salió a manifestarse en apoyo a las marchas que se daban en el país, así como para exigir el cumplimiento de acuerdos que se habían logrado años atrás en los procesos de reclamación, en los que se exigía de manera especial la compra de tierras que permitiera proteger el territorio que, ancestralmente, esta comunidad ha habitado. Para el Resguardo Indígena esta exigencia es principal ya que la tierra que tienen no alcanza para todas las familias que conforman los cabildos, lo que limita sus proyectos de agricultura familiar y su cosmovisión.

Las comunidades señalaron que sus vidas no se vieron muy impactadas por el Paro; aunque había un apoyo a esta coyuntura, sus actividades y cotidianidad no cambiaron de manera importante. Sobre la comercialización de los productos agrícolas no hubo un represamiento y la venta de estos se había dado con normalidad, distribuyendo los alimentos principalmente en su entorno local y a otras ciudades como Cartagena, Barranquilla y Sincelejo. Sin embargo, un efecto serio es el encarecimiento de algunos productos que vienen de afuera como la sal, el azúcar y el aceite y, en conversaciones recientes con ellos, nos comentaron que estos precios no han bajado significativamente. 

Algunas reflexiones centrales de estas conversaciones son: Pimero, reconocer que aunque lo rural y la ciudad tienen un contexto y un entorno distinto, las inconformidades y las precariedades en ambos espacios existen, y el Paro Nacional fue un estallido que se había contenido desde hace mucho tiempo. Segundo, reconocer que los jóvenes colombianos no tienen oportunidades y que esto dificulta la construcción de un país, ya que las dinámicas y necesidades económicas hace que actuemos de manera individual, pensando en el presente y en las necesidades inmediatas, dejando por fuera a las y los jóvenes. Tercero, tanto el contexto de la pandemia como del Paro Nacional dejan entrever la fragilidad de la sostenibilidad de las ciudades, demostrando  que  estos  fenómenos tienen mayor repercusión en las ciudades por su dependencia hacia el campo. Es así que en medio de la reflexión con las comunidades de los Montes de María se resaltó la importancia de la soberanía y seguridad alimentaria como un eje central para fortalecer pues, aunque estas comunidades enfrentan diversas problemáticas, la comida y los lazos comunitarios se mantienen.

En este sentido, las protestas del Paro Nacional han retomado los reclamos por la infraestructura, la tenencia de la tierra, la protección ambiental, el comercio justo, las oportunidades para los jóvenes, entre otros, que las comunidades en los Montes de María esperaban que fueran incluidos en la implementación del Acuerdo Final de Paz. El incumplimiento en la implementación de este acuerdo para las comunidades ha significado “una tensa calma” en el territorio. Los líderes y lideresas señalaron que la inseguridad, dada la reconfiguración de grupos armados y de delincuencia, ha causado mayores tensiones en los territorios rurales y en los propios procesos de titulación y restitución de tierras. 

El pequeño municipio de Altamira (Huila), localizado geográficamente en la vía que va de Neiva a Florencia, punto estratégico que conecta los departamentos de Caquetá, Huila y Cauca fue uno de los escenarios en el cual se concentraron las delegaciones de los campesinos del Caquetá y Sur del Meta para participar en las actividades del paro nacional realizado entre el 28 de abril y el 15 de junio de 2021.

La representación campesina estuvo conformada por integrantes (Hombres, mujeres, jóvenes) de las Zonas de Reserva Campesina del Pato-Balsillas, El Güejar y Lozada-Guayabero lideradas por algunas de sus organizaciones más emblemáticas e históricas de ambas regiones: La Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP) y Ascal – G, entre muchas otras de igual trayectoria, dentro de estas últimas estuvieron presentes representantes de las comunidades indígenas, organizaciones de mujeres, jóvenes rurales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. 

Sin duda, como es ampliamente reconocido, el paro nacional significó no sólo una de las mayores acciones colectivas, en resistencia activa, protesta y movilización de los más amplios y diversos sectores sociales en contra de la desigualdad, injusticia social, exclusión política y económica de los peor situados en la sociedad colombiana en estas dos décadas que llevamos del siglo XXI, sino que demostró la indudable capacidad de organización, de campesinos, indígenas, afrodescendientes y la gran constelación de organizaciones de mujeres, jóvenes rurales y urbanos. En el caso de Altamira, fue relevante la participación de la población en proceso de reincorporación de varios Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Caquetá y del Meta. 

Es importante destacar las formas de organización adoptadas por las comunidades de estas regiones para garantizar su presencia permanente en el sitio de bloqueo durante todo el tiempo y en la mesa de negociación. Las comunidades emplearon un sistema de rotación de las delegaciones veredales por períodos de 10 y 12 días. Los líderes y lideresas demostraron una alta comprensión sobre los temas centrales que fueron negociados con la representación del gobierno nacional que debió enviar funcionarios con capacidad de decisión del Ministerio de Agricultura, Mininterior, Agencia de Renovación del Territorio (ARN) y Parques Nacionales Naturales lo cual favoreció la firma de los acuerdos.  

Los temas centrales de negociación tuvieron como telón de fondo la defensa de los acuerdos de paz y la exigencia al estado para que los cumpla. Dentro de estos, se destacan: Zonas de Reserva Campesina (ZRC), Campesinos dentro de las áreas de Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959, participación comunitaria en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cumplimiento con la reactivación y financiación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y reincorporación de los excombatientes de las extintas FARC-EP. 

Dentro de estos aspectos, nos interesa destacar los siguientes puntos acordados sobre las ZRC y los compromisos suscritos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).  

• La expedición de un acto administrativo, para conformar el Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que permita integrar y articulara el funcionamiento de toda la institucionalidad publica con miras a definir e implementar un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina. 

• El inicio del proceso para constituir las ZRC en los municipios de San José del Fragua, Curillo y Piamonte- Cauca, así como la financiación de la formulación de sus respectivos Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).  

• Financiación para realizar la consulta previa para la sustracción y ampliación de la ZRC Pato Balsillas. 

• La financiación para iniciar el proceso de constitución de otras ZRC localizadas en los municipios del Doncello liderada por la organización campesina ACUAMADHU, y otras dos ZRC en el municipio de en San Vicente del Caguán lideradas por las organizaciones campesinas CORPOYARI / ASOPREPROC y ASOATROG. 

Los puntos anteriores, significan un paso importante en el fortalecimiento del movimiento nacional de las ZRC liderado por la Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y contribuyen a despejar el camino de más de sesenta iniciativas regionales de organizaciones campesinas que se han declarado desde hace varios años como ZRC de hecho, ante la negligencia de la Agencia Nacional de Tierras para reconocerlas y oficializarlas. De igual manera, evidencia la importancia de que el estado colombiano avance en el reconocimiento de los derechos a la tierra y al territorio de los campesinos que han encontrado en las ZRC un mecanismo apropiado para fortalecer la continuidad y persistencia de su modo y proyecto de vida con base en la autonomía política y económica para decidir qué produce, cómo lo produce y con quién lo comercializa.

Durante el estallido social de este 2021 en Colombia los puntos de resistencia han sido lugares de convergencia de las movilizaciones populares en ciudades y carreteras. Los puntos de resistencia urbanos han sido reivindicados y consolidados por los manifestantes y simpatizantes a través de formas de movilización como bloqueos, tropeles, ollas comunitarias, monumentos, talleres artísticos, conciertos, murales, etc. Entre los puntos más reconocidos están Puerto Resistencia en Cali y Portal Resistencia en Bogotá; en Neiva está Puente de la Resistencia3 donde el pueblo se movilizó, reivindicando tanto la agenda oficial del comité de Paro Nacional, así como las agendas de movilización de la Primera Línea, campesinos, trabajadores del sector del petróleo, indígenas, estudiantes, movimientos LGBTI+Q, entre otros. Aun hoy, a pesar de la disminución de la intensidad de las movilizaciones, estos puntos siguen siendo referencia para la memoria colectiva del estallido social y las identidades de los grupos que se movilizan, por lo tanto, están en el repertorio de actuales y futuras acciones.

A diferencia de la concentración de actores movilizados de los puntos de resistencia urbanos, los puntos de bloqueo en las carreteras se distinguen por su dispersión espacial a lo largo de ejes viales importantes. Esta dispersión puede ser entendida a partir de la movilización de agendas y actores que convergen en estos puntos, en los cuales aparecen múltiples acciones colectivas persistentes y emergentes que reúnen el descontento social relacionado con la ruralidad colombiana.   

Los bloqueos en la ruta 45 en el departamento del Huila desde finales de abril hasta el mes de junio son reflejo de la movilización de campesinos e indígenas del suroriente colombiano, particularmente Huila, Caquetá y Putumayo. Estos han utilizado dicha táctica en sus movilizaciones desde la década de 1990 para exigir atención a demandas sociales, a pesar de los señalamientos que utilizan el gobierno de turno y algunos medios de comunicación por el desabastecimiento y la violación del derecho a la movilidad.

El bloqueo de vías como movimiento nacional en el marco del Paro Nacional de 2021 tuvo como protagonistas a los pequeños y medianos propietarios del sector camionero, su principal exigencia era la revisión de la tabla de fletes y la denuncia de los privilegios monopólicos de las grandes compañías de logística terrestre. En estos locales se fueron articulando campesinos e indígenas, como sucedió en el Huila con la llegada de la minga indígena al peaje de Aipe-Neiva (1 de mayo) y Los Cauchos (Neiva-Campoalegre) abriendo paso gratuito en protesta por los precios de los peajes y las malas condiciones de la vía. 

Otros grandes puntos de bloqueo y concentración de manifestantes se distribuyeron de Norte a Sur de la Ruta 45 en Aipe, Neiva, puente El Pescador en Hobo, Altamira y Pitalito. Un punto importante que no está en este eje es el de la salida oriental de Neiva, en el corregimiento de Vegalarga por la vía a San Vicente del Caguán, que conecta con vías terciarias al Norte del Caquetá y el Sur del Meta. Al lado de estos grandes puntos de concentración y bloqueo aparecieron puntos de menor tamaño e intermitentes, los cuales agrupaban a pobladores de municipios con demandas locales y nacionales. En total, llegaron a ser 20 bloqueos6 que congregaban la expresión del descontento social contra el gobierno y el acumulado de desigualdades que viven los pobladores rurales del Sur del país. Cada bloqueo expresaba sus demandas y reclamos con vehículos atravesados, pancartas e intervenciones en el asfalto con pintura. De manera recurrente, estas intervenciones de la carreteras y vías en todo el país tuvieron como mensaje principal la identidad “antiuribista” y en “resistencia” del municipio, barrio o ciudad.

Al lado de la identidad antigobierno y antiuribista, -que agrupó a buena parte de estos puntos de resistencia en ciudades, cabeceras urbanas y carreteras-, estaban las demandas locales. En el Huila fue recurrente la exigencia de mejores vías secundarias y terciarias para el transporte de personas y viabilizar el comercio de productos, enlazando las exigencias históricas de movimientos sociales para mejorar las condiciones de vida y venta de productos de origen rural, reduciendo el poder de los intermediarios.  

Uno de los bloqueos que más tuvo impacto fue el de Altamira. Este bloqueo se fortalece con la llegada de aproximadamente 2.500 personas entre las cuales había campesinos, indígenas, docentes y jóvenes del Caquetá y Sur del Meta, que estaban desde el 6 de mayo reunidos en Florencia (Caquetá), pero a partir del 17 de mayo se movilizan hacia Altamira (Huila) como táctica para captar la atención del gobierno para resolver sus demandas8. El punto de concentración es el cruce de la Ruta 45 en la vía que va de Altamira a Florencia. Así, el municipio de Altamira, en el Sur del Huila, se convirtió durante semanas en uno de los puntos de resistencia más álgido de este proceso de movilización y negociación en el sur del país. 

A comienzos de junio este punto fue retirado, luego de una mesa de negociación entre los representantes de la movilización y un equipo interinstitucional con participación de las gobernaciones del Huila y Caquetá.  

A partir de esta mirada descriptiva de los bloqueos o puntos de resistencia en la Ruta 45, podemos concluir que las agendas construidas por movimientos sociales y las exigencias que emergieron en las movilizaciones del 2021 convergen en un eje espacial que tiene relación con la infraestructura vial, la carretera aparece entonces como “caja de resonancia” en la que se visibilizan las demandas de las ruralidades del sur y suroriente del país, así como la Vía Panamericana visibiliza las demandas  del suroccidente. Las movilizaciones en el eje que trazan las carreteras nos llevan a ver las agendas populares de zonas más y menos integradas a los proyectos de logísticos Sur-Norte-Sur, pensados para la movilización de personas y mercancías en el escenario de la modernización de la red vial nacional que han emprendido los últimos gobiernos en medio de la corrupción.  

La lectura articulada de esas movilizaciones localizadas también permite analizar el repertorio de la movilización del estallido social, en el cual campesinos, indígenas, jóvenes y otros sectores convergieron en esa lógica policéntrica9 de las acciones colectivas que sumaron las demandas por acceso a la tierra, implementación a los acuerdos de paz, antiuribismo y denuncia de la brutalidad policial que reprime protestas en campos y ciudades.

Dedicamos este texto a la memoria de la comadre Clara Inés Echeverría de Kuxdorf (Sogamoso 28 de diciembre de 1958 – Tunja 13 de junio de 2021), y agradecemos la compañía que desde otros lugares nos continúa brindando en el empeño de proteger y defender nuestros territorios.

Después de tres intentos fallidos de convocatoria –diciembre de 2020, y enero y febrero de 2021– y una suspensión –marzo–, el pasado 18 y 19 de agosto de 2021 se reanudó la celebración de la Audiencia Pública Ambiental convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el proyecto de hidrocarburos “Área de Perforación Exploratoria COR-15” de la multinacional Maurel & Prom. El objetivo de la Audiencia fue escuchar a las personas y entidades interesadas en manifestarse sobre la solicitud de Licencia Ambiental, iniciada el 18 de octubre de 2019 ante la ANLA por solicitud de Maurel & Prom.

Las tres convocatorias fallidas fueron el resultado de la presión ejercida por la ciudadanía boyacense asentada en los cuatro municipios del área de influencia directa del proyecto: Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Tasco. La presión fue respaldada por organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos, quienes mediante Acciones de Tutela, coadyuvancias, impugnaciones y derechos de petición argumentamos ante los Juzgados de Paz del Río y Santa Rosa de Viterbo y la ANLA la ausencia de garantías para una participación ciudadana efectiva. La argumentación principal para oponernos a la celebración de la Audiencia fue la falta de garantías para la participación ciudadana efectiva, especialmente porque debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 la ANLA modificó la metodología para celebrarlas. Dicha modificación ha hecho que las Audiencias dependan enormemente de la conectividad a internet y al acceso a tecnologías de la información, aspectos en los cuales los cuatro municipios del área de influencia del Área de Perforación Exploratoria COR-15 se encuentran bastante rezagados.

Antes de la COVID-19, estas Audiencias se celebraban en un único espacio presencial. Allí, tanto los solicitantes de dicho mecanismo de participación ciudadana –consagrado en la Ley 99 de 1993– como las personas y organizaciones interesadas en intervenir, esperaban su turno para expresarle a los funcionarios de la ANLA sus consideraciones frente al proyecto objeto de evaluación. Las reglas de participación en dicho escenario consistían en un espacio inicial donde intervenían las autoridades administrativas y de control, seguido de la exposición del titular del proyecto a evaluar. Luego, los solicitantes de la Audiencia intervenían usando la misma cantidad de tiempo empleado por el titular del proyecto. Al culminar esta etapa, seguía la intervención de todas las personas – naturales o jurídicas– previamente inscritas, y a quienes la ANLA les exigía limitar sus ponencias a tres minutos. Los autores del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) podían inscribirse e intervenir, siempre y cuando no se expusiera nuevamente información ya conocida por la ANLA durante la evaluación previa a la realización de la Audiencia por parte de dicha entidad. Las condiciones logísticas relacionadas con la capacidad de aforo, el transporte, la alimentación y el acceso a baños los tenía que garantizar el titular del proyecto.

A pesar de la minuciosa argumentación, las instancias judiciales de primera y segunda instancia negaron las pretensiones de las tres Acciones de Tutela presentadas, dando pie a que la ANLA y Maurel & Prom programaran la celebración de la Audiencia para el 25 de marzo de 2021. Las solicitudes de concertar previamente dicha fecha con los solicitantes de la Audiencia y las comunidades cayeron en oídos sordos. Debido a la pandemia, la Audiencia debía celebrarse con estricto apego a las medidas sanitarias emitidas por el gobierno nacional. La ANLA y la multinacional definieron sin participación de la ciudadanía la metodología y las reglas de la Audiencia: podríamos intervenir presencialmente en alguno de los espacios presenciales dispuestos por la multinacional –cuyo aforo sería restringido y en el cual no tuvimos voz ni voto las comunidades ni los solicitantes– o de manera virtual mediante llamadas telefónicas o plataformas de videollamadas. La Audiencia se retransmitiría en vivo a los puntos presenciales, mediante YouTube, Facebook y Twitter, y en dos emisoras de radio con cobertura regional parcial.

El tiempo y las circunstancias confirmaron la veracidad de las argumentaciones que realizamos buscando postergar la celebración de la Audiencia6. Fue así como tuvieron que suspenderla debido a “los problemas técnicos presentados [… que] no lograron ser resueltos de una manera adecuada y responsable”. Lo único que logró transmitirse fue el video promocional preparado por la empresa, y protagonizado mayormente por empleados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) a quien la multinacional le contrató la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental8. Mientras se proyectaba el video de la petrolera, de los cuatros municipios nos llegaban denuncias sobre la ausencia de funcionarios de la ANLA en los sitios presenciales, pues la Audiencia fue presidida desde Bogotá9. También nos reportaban intentos de suplantar la identidad de la ANLA por parte de funcionarios presuntamente adscritos a la Gobernación de Boyacá, o contratados por la multinacional. 

Ni en los sitios presenciales ni en la página web de la ANLA fue posible encontrar los listados de inscritos para intervenir durante la Audiencia, y en virtud de esto los empleados de la Maurel & Prom pretendieron impedirnos el acceso a personas que, pese a habernos inscrito en línea o en las Personerías, no aparecíamos registradas. El material audiovisual de apoyo entregado a la ANLA y las Personerías durante la etapa de inscripciones tampoco se encontraba listo para ser proyectado en los sitios presenciales. En los cuatro municipios también evidenciamos el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y la precariedad de las instalaciones sanitarias. Para llegar a los sitios presenciales, cada persona resolvimos como mejor pudimos, y nuestra alimentación debió cubrirse mediante ollas comunitarias autofinanciadas en la cercanía de cada uno los nueve puntos presenciales para la celebración de la Audiencia. Algunos de estos acontecimientos los documentamos audiovisualmente. 

Casi cinco meses transcurrieron entre la suspensión de la Audiencia y su reanudación por parte de la ANLA. El listado de personas inscritas fue publicado el mismo día de la reanudación, pese a que el límite para las inscripciones había cerrado el 19 de marzo de 202110. Según los listados de la ANLA11, 148 personas se inscribieron para participar, de las cuales quince manifestaron desistir de hacerlo durante las llamadas telefónicas realizadas por funcionarios de la ANLA, recibidas tan sólo una semana antes de la fecha de reanudación12. Posteriormente recibimos llamadas solicitando enviar nuevamente las ponencias al correo npineda@anla.gov.co para que estuvieran listas al momento de su proyección. Pese a ello, la ANLA no las tuvo listas para proyección, y en algunos puntos presenciales argumentaron que debíamos tenerlas en formato PowerPoint para poderlas 

transmitir –algo no informado en las llamadas ni anunciado durante la inscripción y los Edictos. Posteriormente en un punto presencial de Tasco los funcionarios de la ANLA informarían que las presentaciones debíamos haberlas enviado a licencias@anla.gov.co, pues de lo contrario no se radicarían en el expediente del trámite de la licencia ambiental. 

La reanudación de la Audiencia fue presidida por la ANLA desde el municipio de Corrales, y contó con la presencia de su personal debidamente identificado en los demás sitios presenciales. Asumimos que esto sucedió en respuesta al informe de irregularidades que enviamos en conjunto con los cuatro municipios tras los hechos ocurridos en marzo. En dicho informe resaltamos que la ausencia física de funcionarios de la ANLA había delegado en la multinacional petrolera las responsabilidades constitucionales del Estado colombiano relativas a la garantía del derecho a la participación ciudadana.

La Audiencia inició con la ANLA concediéndole una intervención de veinte minutos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien no se había inscrito a la Audiencia ni gozaba de derecho propio para hacerlo sin haber cumplido previamente dicho requisito. Luego, vino la proyección de otro video de veinticinco minutos de Maurel & Prom, quien ya había agotado su tiempo de intervención en marzo según consta en el Acta de Suspensión13. Las ponencias de quienes solicitamos la Audiencia abarcaron una hora y doce minutos, y su fluidez fue significativamente afectada por las constantes interrupciones de la transmisión en vivo. En este punto la ANLA no garantizó la igualdad de condiciones para la participación ciudadana. Las Ponencias de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de los alcaldes de Corrales y Betéitiva, de las Personerías de los cuatro municipios y de la Procuraduría abarcaron hora y media, descontando veinte minutos de interrupciones. La Gobernación de Boyacá, a quien solicitamos pronunciarse frente a este proyecto y cesar su papel de “promotora petrolera”14 decidió no intervenir en el espacio que por derecho propio le correspondía.

La Audiencia inició aproximadamente cuarenta minutos después de las 8:00 a.m., y se extendió por casi doce horas. El primer inscrito intervino seis horas después de iniciada la Audiencia, pero no pudo continuar por quebrantos de salud. Durante las seis horas siguientes –dos consistentes en videos institucionales de la ANLA– intervinieron veintinueve personas. Puesto que la ANLA no moderó el tiempo con rigurosidad, la duración promedio de cada ponencia fue de nueve minutos. Al término de la jornada, la ANLA informó que esta se reanudaría a las 8:00 a.m. del día siguiente. Algunos de los acontecimientos del primer día también los documentamos audiovisualmente. 

La pandemia fue el pretexto ideal para que la multinacional se ahorrara los costos de transporte y alimentación, ya que nuevamente debimos resolver esos aspectos logísticos por nuestros propios medios. Ante el anuncio de reanudación al día siguiente, las comunidades del área de influencia debieron improvisar nuevamente las ollas comunitarias. El costo de los planes de telefonía celular e internet de quienes participamos virtualmente evidentemente tampoco fueron asumidos por la multinacional. Aunque los protocolos sanitarios mejoraron sustancialmente entre marzo y agosto, en varios puntos presenciales hubo fuertes lluvias y tormentas eléctricas que provocaron encharcamientos, exponiéndonos a los asistentes a condiciones de frío que con el paso de las horas se tornaron insoportables: ni aguapanela, ni tinto, ni agua, ni refrigerio alguno estuvo disponible para quienes esperamos turno casi hasta las nueve de la noche del primer día de Audiencia para participar. En los puntos presenciales donde las comunidades no pudieron coordinar las ollas comunitarias debimos literalmente aguantar hambre y sed, dada la ausencia de restaurantes. Sobre la importancia de que cada quién llevara hidratación y alimentación tampoco se informó en las llamadas de la ANLA, previas a la Audiencia, ni en el Edicto que la convocó. La lluvia, el frío, la sed, el hambre, la espera y la incertidumbre sobre el turno para intervenir presencialmente resultaron bastante convenientes para los intereses de Maurel & Prom. En varios lugares atestiguamos cómo varias personas que venían de las veredas o de otros municipios debieron irse sin intervenir entre las cinco y las seis de la tarde, pues de lo contrario ya no podrían regresar a sus hogares en transporte público. 

El segundo día de Audiencia también inició cuarenta minutos después de lo previsto, y se extendió casi catorce horas. Durante las primeras ocho horas intervinieron 38 personas, con un tiempo promedio superior a los diez minutos por intervención. Dentro de estas hubo dos personas ausentes en los listados publicados por la ANLA, lo que puso en duda las cifras reales de las personas inscritas. Uno de nuestros integrantes también fue deliberadamente omitido y, aunque finalmente logró intervenir, no lo hizo antes de reenviar por lo menos cinco veces su presentación, la cual reposaba desde marzo en los expedientes de la ANLA. Aunque en la transmisión de YouTube la actitud de quienes presidieron la Audiencia fue amable y en general paciente con el tiempo utilizado en las intervenciones, en los puntos presenciales algunos experimentamos presión por parte de los funcionarios de la ANLA. Cabe señalar que estos funcionarios fueron sometidos a jornadas de trabajo que superaron por mucho lo estipulado por la ley, y que también experimentaron las condiciones de frío y la precariedad de las condiciones logísticas. Esto es importante resaltarlo, pues la participación ciudadana no puede ejercerse efectivamente si los funcionarios públicos garantes y las personas interesadas en intervenir son sometidas a tales condiciones.

Las intervenciones presenciales, en general, se limitaron a señalar las bondades de la industria de hidrocarburos, principalmente en el Polideportivo del centro urbano de Corrales, municipio en el que desde 2007 la Unión Temporal Omega Energy cuenta con una licencia ambiental para explotar gas y petróleo. Poco y nada comentaron con respecto a la información particular del EIA objeto de análisis por parte de la ANLA. Los canales virtuales también abrieron la posibilidad para que personas oriundas de estos municipios, pero físicamente distantes, interviniéramos. Mediante dichos mecanismos virtuales de participación escuchamos la mayoría de las intervenciones a favor del proyecto en particular, y de la industria de los hidrocarburos en general. Cabe señalar que la mayoría de las intervenciones a favor fueron de integrantes del equipo consultor interdisciplinar de la UPTC contratado por Maurel & Prom para elaborar el EIA. Varias ponencias fueron interrumpidas por la ANLA, pues pretendían exponer aspectos metodológicos y resultados ya evaluados por la entidad, contraviniendo las reglas de juego para intervenir en estas Audiencias. 

Las condiciones logísticas, tecnológicas, sanitarias y meteorológicas, y la imposición de las condiciones por parte de la ANLA y Maurel & Prom para ejercer el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental evidenciaron que esta no habría podido ejercerse presencialmente sin el aguante y la paciencia que nos caracteriza a los boyacenses. Sin la organización local de las comunidades de Betéitiva, Tasco, Corrales y Busbanzá interesadas en la defensa de sus territorios que solventaron las condiciones logísticas deliberadamente obviadas por la ANLA y la multinacional, la participación ciudadana tampoco habría sido posible. 

Las nuevas condiciones logísticas y metodológicas para la celebración de las Audiencias Públicas Ambientales semipresenciales que experimentamos en COR-15 revelaron que, si no se hubiese argumentado y exigido la presencia de la ANLA en los municipios del área de influencia, difícilmente se habrían dado las garantías mínimas para ejercer el derecho a la participación ciudadana por parte de los habitantes del área de influencia del proyecto. Al respecto es importante recordar que la fecha inicial para la celebración de la Audiencia nos hubiera dado a los solicitantes e interesados en intervenir menos de un mes para analizar un EIA que la ANLA había evaluado más de un año. Esta situación contravenía la materialización del derecho fundamental a la participación ambiental, el cual dependía sustancialmente de que la ANLA y Maurel & Prom brindaran los medios necesarios para revisar la información y aportar los conocimientos locales y científicos al trámite de la licencia ambiental de forma amplia, deliberada, consciente, responsable y eficaz.

A nuestro juicio, el espíritu de las Audiencias Públicas Ambientales bajo las nuevas circunstancias aún dista mucho de garantizar efectivamente el derecho a la participación ciudadana. Estos escenarios no sólo pueden tratarse de abrir un micrófono y proyectar durante horas una transmisión, olvidando las necesidades básicas de quienes intervienen presencialmente: 

hidratación, alimentación, transporte, entre otros. La pandemia tampoco puede ser excusa para que quien desee ejercer su derecho a la participación ciudadana presencial en materia ambiental deba someterse a condiciones logísticas insuficientes. En la Audiencia de COR-15 también evidenciamos que la mayoría de las intervenciones a favor del proyecto en particular y de la industria petrolera en general se hicieron desde la virtualidad, y por personas que muy seguramente no eran oriundas de los municipios del área de influencia. Aunque la virtualidad en las Audiencias extiende los límites para ejercer el derecho a la participación ciudadana, no necesariamente lo hace a favor de los habitantes del área de influencia directa de los proyectos objeto de evaluación ambiental, cuyos puntos de vista, argumentos y preocupaciones deberían ser priorizados por parte de la autoridad ambiental. Pese a lo ocurrido en COR-15 somos conscientes de los esfuerzos realizados por la ANLA para reajustar sus metodologías a las nuevas condiciones sanitarias. Por ello a continuación listamos algunos aspectos sobre los cuales se podrían mejorar para garantizar mejor el derecho a la participación ciudadana: 

• El interesado en obtener o modificar la licencia ambiental debe ofrecer todos los medios necesarios para una participación efectiva. Para ello deben crearse protocolos de bioseguridad que permitan brindar alimentación, hidratación, transporte y uso de baños. 

• Las audiencias públicas ambientales celebradas en días laborales limitan la participación ciudadana, especialmente en lugares donde la población depende del dinero que consigue a diario. 

• Las características de conectividad, acceso a tecnologías y cobertura de internet y radio en el área de influencia de los proyectos debe tenerse en cuenta, de lo contrario se generan espacios de participación virtual que privilegian la participación de personas que desconocen las realidades de los territorios. 

• Los listados de inscritos para intervenir en las Audiencias se deben publicar con suficiente anticipación. En dichos listados se debe informar si la autoridad ambiental cuenta con el archivo de la presentación enviada durante el proceso de inscripción. 

• El orden previsto para las intervenciones debe respetarse, y el tiempo para hacerlo debe estar claramente definido y ser moderado por la autoridad ambiental. 

• Los Edictos que convocan a las Audiencias deben informar sobre las condiciones logísticas relacionadas con transporte, alimentación, bioseguridad y tiempo disponible para intervenir. También deben anunciar la posibilidad de que se extienda por dos o más días la Audiencia en virtud del número de intervinientes. 

• La confirmación telefónica de las personas a intervenir debe brindarse con mayor anticipación, especialmente cuando han transcurrido varios meses para la reanudación de las Audiencias. En estas llamadas se debe advertir sobre las condiciones logísticas relacionadas con transporte, alimentación y bioseguridad, y de la posibilidad de que estos escenarios se extiendan en virtud del número intervinientes. 

• En los puntos presenciales se debe garantizar la posibilidad de recargar los equipos electrónicos de todos los asistentes. 

• Todos los sitios presenciales deben garantizar su aptitud para las condiciones meteorológicas del lugar, y contar con personal de la autoridad ambiental capacitado para orientar adecuadamente a las personas. 

• La presencia de la fuerza pública y la cantidad de elementos debe ser acorde a las características de la zona, ya que una asistencia desproporcionada de la misma intimida y cohíbe la participación ciudadana. 

• Se deben priorizar en el orden de presentación los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Para ello es importante mejorar los formularios de inscripción, a fin de facilitar su identificación. 

• La fijación de pancartas y letreros en los sitios presenciales no puede ser prohibida o limitada. 

• Las transmisiones en vivo de las Audiencias por los canales anunciados en los Edictos deben respetarse. Pegar un link de YouTube en las cuentas oficiales de la autoridad ambiental en Facebook y Twitter no pueden considerarse como una transmisión en vivo a través de dicha plataforma. Si debido a las interrupciones el vínculo web de la transmisión cambia, la autoridad ambiental debe actualizarlo inmediatamente en las páginas oficiales y restablecer la transmisión en vivo en todos los medios anunciados.

¡Si nos juntamos, los atajamos!

El paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 en Colombia y el estallido social que se mantuvo al menos durante los siguientes tres meses, evidenció la importancia de distintas expresiones artísticas como una herramienta de lucha y de resistencia de los sectores sociales movilizados, como escenario para expresar la digna rabia y para manifestar la oposición a las políticas del “mal gobierno” como dirían los zapatistas.

El arte también mostró su relevancia como instrumento de expresión y difusión de las propuestas que se han venido construyendo en sectores de la sociedad organizados, así como de personas que, aunque no hubieran participado anteriormente en procesos organizativos o de movilización, salieron a las calles a expresar de una manera más espontánea, sus agravios y propuestas frente a diversos temas que atañen al conjunto de la sociedad colombiana. 

Entre las múltiples expresiones artísticas que surgieron en el marco del estallido social, llama la atención los performances que se dieron en las marchas y en los plantones, en los que se hacían visibles el malestar y la oposición al mal gobierno, a través de cánticos y danzas, así como las coreografías en las que se parodiaba a los adversarios, y que tuvieron un carácter mucho más disruptivo y confrontador, como ocurrió con los bailes Vogue y el slogan “Toloposungo”, realizados por colectivos de la comunidad LGTBIQ+, como la Red Comunitaria Trans contra la brutalidad policial.2  

La música fue otra herramienta que estuvo presente en el marco del paro, tanto con la producción de canciones dedicadas al paro por parte de cantantes reconocidos en el escenario musical colombiano, así como con la presencia de músicas tradicionales como las chirimías, músicas de flautas y tambores o cumbias caucanas y música de cuerdas, como fue el caso de la Minga indígena durante marchas ocurridas en Cali, Popayán y Bogotá, entre otras.

Por otro lado, los murales y graffitis en distintas regiones del país tuvieron un papel central durante el paro, que permitió visibilizar lo que pensaban los manifestantes, pues como diría Rodolfo Walsh “las paredes son la imprenta de los pueblos,” y evidenció nuevamente, el conflicto político con sectores de la derecha. Esto también se observó con la postura que tomaron de manera mayoritaria los mass media em apoyo al gobierno, al darle un lugar central en sus agendas a la estigmatización de los manifestantes y de sus expresiones artísticas con calificaciones como “vándalos”, “desadaptados” entre otros.

Además, estos sectores ligados a la derecha que apoyaron las medidas del mal gobierno, se centraron en deslegitimar los objetivos de las movilizaciones, una estrategia que ha sido utilizada por los sectores dominantes en Colombia, pero que tiene sus antecedentes como instrumento histórico de estos grupos sociales al menos desde el siglo XVII, como lo señalaría George Rudé (1981) al señalar que  “la "turba" en cuestión, al no tener ideas o impulsos honorables propios, tiende a ser presentada como el instrumento "pasivo" de agentes exteriores -"demagogos" o "extranjeros"- y como si estuviera impulsada por motivos de pillaje,, robo de bebidas, lujuria o la mera necesidad de satisfacer ciertos escondidos instintos animales."  

Como parte de este boletín sobre El paro nacional y las protestas sociales en el mundo rural colombiano, quisimos indagar por el papel que han tenido distintas expresiones artísticas en las movilizaciones que se han llevado a cabo desde el 28 de abril, el proceso de creación de estas, sus convocantes, sus participantes, así como las contribuciones del arte en la construcción de la memoria histórica de la protesta social en Colombia. Para ello, conversamos con dos artistas que participaron en distintas actividades artísticas durante el paro nacional: Laura Gil y Helberth Meléndez. 

Laura es artista Plástica y visual, muralista e ilustradora, estudiante de Artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB de la Universidad Distrital. Actualmente trabaja como ilustradora en la revista el otro parche en la sección de opinión gráfica, es docente popular y muralista en la Asociación Laboratorio La Colectiva de la que hace parte y ha participado en distintas exposiciones, como "2° Salón de gráfica Universitaria nacional, Edición Latinoamérica" y en 2020 participó en la semana de la juventud en la localidad de Usme en el área de mural-grafitti, en la que obtuvo el 3° puesto con su propuesta en torno a las nuevas masculinidades alternativas y obtuvo en el 2019 el primer puesto con su ilustración en el festival de gráficas del sur. 

Helberth estudió música con énfasis en guitarra clásica en la Universidad Javeriana, sus áreas de acción se enfocan en la Música y el audiovisual, investigador de prácticas musicales tradicionales, intérprete de músicas campesinas e indígenas, hace parte de las agrupaciones musicales El Supersón Frailejónico, Moque y los Carrangomelos. En el campo del cine y la comunicación ha desarrollado proyectos documentales construidos en los barrios populares de Bogotá, visibilizando problemáticas ambientales y sociales y formas de organización y resistencia. 

A continuación, compartimos los links de las entrevistas a cada uno de los artistas. 

https://soundcloud.com/user-319005458/entrevista-laura-gil 

https://soundcloud.com/user-319005458/entrevista-helbeth 

Las protestas sociales de este año en las ciudades han tenido rasgos propios de la protesta rural colombiana de las últimas décadas. Uno de ellos es la inconformidad generalizada con la acción del Estado, es decir, con el tipo de presencia que despliega, con la poca efectividad de sus políticas e intervenciones. El Estado parece limitarse a su expresión policial, dejando de lado su dimensión social y económica. Los campesinos y las poblaciones rurales en general han sufrido históricamente lo que el profesor Mauricio García Villegas llama el “apartheid institucional”; pareciera ahora que esa segregación también se siente con fuerza en las grandes zonas urbanas. Los reclamos de las ciudades en las protestas de hoy incluyen prácticamente toda la agenda de lo que se supone debe desarrollar un Estado social de derecho, el tipo de Estado que, de acuerdo con nuestra actual Constitución, deberíamos tener.