En Colombia en el 2004 se expidieron los lineamientos para promover la participación privada en la prestación de servicios ecoturisticos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales[2]. Entre los principales objetivos de este instrumento de política pública está “promover el desarrollo sostenible en las regiones, con especial énfasis en las comunidades y organizaciones de base” (Conpes 3296 de 2004), además de la conservación de ecosistemas particularmente frágiles. Ahora bien, pasados diez años de esta política el balance de los acuerdos publico-privados dejan en cuestión que justamente se trate de desarrollos sostenible a escala comunitaria y mucho menos de conservación ecológica, pues no se puede evadir que el turismo tiene un poder de transformación espacial que va desde las grandes concesiones hasta la regulación de las formas de circulación cotidiana de los pobladores tradicionales de esas áreas prioritarias que de un día para otro se volvieron importantes para la venta del paisaje y los servicios ecosistémicos.

 

Este instrumento, aunado a otros beneficios tributarios a la inversión turística, configuraron el escenario ideal para la puesta en funcionamiento de un modelo altamente amenazante de las formas de vida y de los ecosistemas en varios de los lugares más importantes para la conservación, de acuerdo a los criterios de la Unidad de Parques Nacionales. Esto empezó a formalizarse justamente cuando el país atravesaba por  uno de los momentos de mayor agudización del conflicto armado, el robo de tierras y el desplazamiento forzado, y se expresó de disimiles maneras en el territorio nacional. Sin duda, los casos más críticos están  en algunos de los parques mas visitados del país, como Islas del Rosario y el Tayrona en el Caribe colombiano, es este último se inauguró el  modelo que suponía importantes concesiones turísticas con empresas privadas que poco o nada entendieron los contextos locales, especialmente los conflictos de tenencia  en los que operarían sus importantes proyectos turísticos.

Esto sucede en buena medida porque el turismo supone relaciones desiguales, encarna asimetrías difícil de transformar o de desatar, tal como lo demuestran los estudios de Diana Ojeda en el Parque Natural Tayrona. Para esta geógrafa “La producción del Tayrona como destino turístico ha hecho parte de la rápida expansión de la industria turística mundial y de las nuevas formas en las que la naturaleza es empaquetada y promovida para el consumo” (Ojeda, 2013)[3].

En Islas de Rosario la situación es similar. En 1977 se creó el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo que abarca 120.000 hectáreas.  Cientos de familias nativas han visto a lo largo del tiempo el efecto de esa declaratoria. Estar dentro de un parque limita la pesca,  afecta las formas de circular y en general el ejercicio de la   territorialidad en estos lugares de poblamiento ancestral de comunidades afro que hoy día son autoridades étnicas. Entre las consecuencias mas perversas de esas restricciones está la criminalización de las formas de vida de la gente nativa: cualquier tipo de uso está bajo sospecha de ser un atentado contra la naturaleza y por lo tanto es perseguido y sancionado. No pasa lo mismo con los  hoteleros y casas privadas de recreo que tienen otras vías de dialogo con el las autoridades ambientales locales, así sus prácticas impliquen la tala de manglar o de otras coberturas vegetales protegidas[4].

En esta región, la construcción de casas de descanso, condominios, bahías, marinas, varaderos, proyectos “ecoturísticos”, entre otros, modifican las pautas de apropiación y la vida de la gente. En estas islas, ubicadas frente a la ciudad histórica de Cartagena, existen más de 20 hoteles que promocionan “paraísos verdaderos”. Sin duda,  el turismo produce espacios controlados y ofrecidos a los visitantes, a los foráneos que pagan mucho o poco por el disfrute de lugares supuestamente libres de conflicto. En esos términos y bajo esas reglas del juego, la gente local es instrumentalizada y puesta al servicio de estos objetivos neoliberales de aprovechamiento de la naturaleza[5].

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[1]Profesora – Investigadora- Departamento de Desarrollo Rural- U.Javeriana. Integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos

[2]Conpes 3296 de 2004

[3]Ojeda, Diana. 2014. Paraísos perversos: el turismo como estrategia de conservación neoliberal en el Parque Nacional Natural Tayrona, Colombia (ponencia Foro del Turismo Responsable – ACSUR).  El trabajo más importante para esta discusión está en Ojeda, Diana. 2009. “Producir el paraíso: Las geografías violentas del turismo en Colombia” Society of Woman Geographers - Clark University.

[4]Para los ambientalistas más radicales es impensable que coexistan áreas de conservación y proyectos turísticos, por más ecoturístico, responsable o solidario que sea. Aun así, es cada vez más frecuente la promoción del turismo en áreas protegidas.

[5]Un importante estudio de esta región se encuentra en Bernal, 2007. ¿es nuestra isla para dos? Conflicto por el desarrollo y la conservación den Islas del Rosario. Cartagena. Bogotá: Universidad de los Andes.