Como de todos es conocido, los acuerdos de la Habana, firmados por segunda vez entre el presidente Juan Manuel Santos y el Jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Rodrigo Londoño, el pasado 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón en Bogotá, dieron finalmente por terminado el conflicto armado interno que vivió Colombia entre el estado colombiano y esa guerrilla desde hace más de medio siglo.

Uno de los puntos nodales del acuerdo fue la solución a la problemática de las drogas ilícitas y dentro de él, la que se refiere a la sustitución de los cultivos de coca, materia prima para la producción de clorhidrato de cocaína que mantiene a Colombia como el principal productor y exportador del alcaloide.

En la actualidad, nos encontramos en la fase de implementación de los acuerdos y dentro de ellos, la del punto antes mencionado. Dicha implementación no ha contado con la celeridad y eficacia que todos los colombianos esperábamos y tampoco con la suficiente preparación de todos los dispositivos sociales, institucionales, logísticos y económicos que dicho esfuerzo exige por parte del estado. Sólo hasta fines del mes de mayo, el presidente haciendo uso de sus facultades extraordinarias, casi a punto de que expiraran, expidió treinta decretos-ley sobre algunos de los temas más sensibles de los acuerdos.

En esta dirección, el pasado 29 de mayo de 2017 fue expedido el decreto-ley 896 mediante el cual se crea oficialmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS-, coordinado por la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, dependencia adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto.

Es importante destacar que el objeto del PNIS, como fue acordado en las negociaciones, está orientado a promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, mediante el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan a la “superación de la pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito” (Decreto-ley 896, 2017).

La implementación del acuerdo en esta materia (sustitución), se está realizando en medio de un clima desfavorable por dos circunstancias que influyen negativamente.

De un lado, las presiones políticas de los Estados Unidos de Norteamérica que exigen retomar de nuevo las fumigaciones con el herbicida glifosato, suspendidas desde hace poco más de un año, presiones que en Colombia han sido aplaudidas por la ultraderecha y su aliado de turno, el Fiscal General de la Nación.

Y de otro, el alarmante aumento que en los cuatro últimos años, justo en medio de las negociaciones, han tenido los cultivos de coca en todo el país, al pasar de un área sembrada de 47.790 hectáreas (ha) en 2012 a 146.139 hectáreas en 2016. Tres departamentos concentran el 63% del crecimiento de dichos cultivos: Nariño paso de tener 10.733 hectáreas a 42.627; Putumayo tenía en 2012, 6.148 ha y en 2016 subió a 25.162 y Norte de Santander pasó de 4.516 a 24.831 ha, en el mismo período de tiempo, según lo registró el censo de coca de 2016 realizado por la Oficina de Lucha Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Censo de coca UNDOC, 2017).

No obstante, el acuerdo de La Habana en éste tema y la implementación del mismo, a pesar de las dificultades y las presiones a las que está sometido, se desarrolla en la dirección correcta y crea unas nuevas y reales condiciones de posibilidad para cambiar y reorientar la política pública de lucha contra las drogas hasta ahora prevaleciente. Es decir, para pasar de la fracasada guerra contra las drogas a una política preventiva, que recupere la soberanía nacional sobre ella y que asuma creativamente el nuevo paradigma de lucha contra las drogas, propuesto hace varios años por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia conformada por tres expresidentes y varios académicos e investigadores de Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

El nuevo paradigma al que alude la Comisión está soportado por tres grandes directrices:

Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
Focalizar la represión sobre el crimen organizado.


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Imagen: Tomada de radiomacondo.fm